Miguel Ángel Ferrer
Una de las mayores conquistas de la sociedad moderna es la llamada división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Se trata de evitar la concentración del poder.
En general no hay este problema cuando los tres poderes comparten la misma ideología. O, mejor dicho, cuando sirven a la misma clase social.
Así pasa en todo el mundo. Y los pocos conflictos que pueden darse son sobre cuestiones menores, simples luchas por el poder entre diversas facciones de la clase social dominante.
Son los casos, por ejemplo, de Estados Unidos, Inglaterra, España o Francia. Y así pasaba en México. Y esa situación prevaleció durante muchas décadas. Eran pleitos entre distintos grupos de ricos, entre diversos grupos de oligarcas.
Pero, luego de decenios de lucha social, el obradorismo llegó al Poder Ejecutivo y ganó buena parte del Legislativo. Bastó con ganar las elecciones de cada uno de esos dos poderes.
Sin embargo, para formar y renovar el Poder Judicial no hay elecciones. Es un poder que se ha formado y renovado por vía puramente burocrática. Y ahí está enquistada desde hace décadas la oligarquía, con sus correspondientes sentimiento e ideología antipopulares.
Esta es la razón de que en México el Poder Judicial le juegue permanentemente las contras al Poder Ejecutivo y a la parte del Legislativo que se identifica con las causas populares y que se opone al dominio de la oligarquía.
Esta contradicción entre los poderes del Estado es irresoluble en las actuales condiciones políticas y jurídicas del país. Para resolverla es necesario que el Poder Judicial adquiera y tenga carácter democrático, es decir, que a sus miembros los elija la ciudadanía, el pueblo, por la misma vía que son elegidos los miembros de los otros dos poderes.
Se requiere para ello una reforma constitucional que disponga que así debe ser. Esa reforma constitucional exige mayoría calificada, que en el caso mexicano implica contar con dos tercios de los miembros del Congreso.
Si no se logra esa mayoría calificada, el Poder Judicial seguirá al servicio de la oligarquía y opuesto a la transformación política en curso.
Políticamente la oligarquía está representada por tres partidos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, los tres de triste memoria.
De modo que en las elecciones generales del dos de junio de 2024, la ciudadanía podrá elegir a sus representantes entre dos únicas sopas: el obradorismo o la oligarquía.
