En plena campaña por las elecciones de junio, la derecha mexicana no parece retroceder ante ningún recurso para intentar dañar la popularidad de López Obrador y su candidata Claudia Sheinbaum, la favorita para quedarse con la presidencia. Al uso masivo de trolls, bots y fake news impulsadas por inteligencia artificial, se suman reportajes de prensa extranjera de escasa consistencia periodística y una nada disimulada intención de embarrar la cancha.
Considerada una verdadera disputa por la nación entre la fuerza liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) −un dirigente de centroizquierda con discurso populista, de inflexión nacionalista y énfasis en las políticas sociales, y quien tras cinco años y medio de gobierno ha estabilizado México y cuenta con altos índices de popularidad al final de su mandato− y el proyecto del gran capital encarnado por Xóchitl Gálvez, quien pretende reeditar los 36 años de políticas privatizadoras neoliberales (desde el gobierno de Miguel de la Madrid al de Enrique Peña Nieto), la fase final de la campaña electoral mexicana ha estado salpicada por una sucesión de hechos que incluyen filtraciones de corte injerencista de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en colusión con medios extranjeros como The New York Times para manchar la imagen del mandatario mexicano y la candidata de Morena, así como la intervención de fundaciones y laboratorios de ideas de corte conservador, como el Wilson Center en Washington, la Red Atlas de los multimillonarios hermanos Koch y el Partido Popular español, entre otros.
En los comicios del 2 de junio, en los que podrán participar 98,9 millones de electores, se disputarán 20 mil cargos federales, estatales y locales, entre ellos la presidencia de la república; el Senado y la Cámara de Diputados; nueve gubernaturas; todos los congresos estatales (31), a excepción de Coahuila, y las presidencias municipales, salvo las de Durango y Veracruz. En el ajedrez político que representará el proceso electoral, el oficialismo pondrá en juego algunas entidades bajo su mando, principalmente Ciudad de México, la capital, donde la centroizquierda gobierna en forma ininterrumpida desde 1997, primero bajo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Cuauhtémoc Cárdenas y luego como Morena (fundado por AMLO en 2012), que en los comicios intermedios de 2021 se partió en dos enclaves partidarios.
Considerada por AMLO como estratégica para potenciar la continuidad de la que ha dado en llamar la «cuarta transformación de la vida pública de México» −continuación de la gesta de independencia del cura Hidalgo en 1810, la revolución mexicana de Francisco I. Madero en 1910 y la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas en 1938−, la disputa para obtener la mayoría calificada (dos tercios o tres cuartas partes del número total de votos) en el Congreso será clave en el destino no solo de sus últimas iniciativas de reformas constitucionales (en materia energética, de seguridad y de rectoría del Estado en la economía y el bienestar social), sino para la gobernabilidad de la próxima administración. Incluso, en su apuesta, podría ser un factor en el futuro del Poder Judicial, pues del resultado puede derivarse la renovación de esa instancia que en los últimos años ha dado inequívocos visos de sumarse a la lógica del lawfare («guerra jurídica»), ya que ha venido actuando como un actor político aliado de la oposición conservadora. Esta situación fue denunciada el 12 de marzo por AMLO, cuando advirtió que la oposición estaba tramando un «fraude electoral» o «golpe de Estado técnico» con apoyo de las autoridades electorales y el Poder Judicial para anular los comicios en su fase de certificación, en agosto de este año, sancionando presuntas intromisiones del mandatario durante el proceso.
A partir de 2018, con el triunfo de AMLO con más de 30 millones de votos (53,19%), comenzó una acelerada reconfiguración del mapa electoral mexicano, que coloca los comicios de 2024 en un escenario radicalmente distinto, a partir de la fuerza de cada partido. En aquel año, antes de la elección presidencial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernaba en 14 entidades y el Partido Acción Nacional (PAN) tenía bajo su control 12, en tanto que Chiapas estaba en manos del Partido Verde Ecologista de México, entonces aliado con el PRI, en Michoacán gobernaba el PRD (hoy en franco proceso de desaparición) y Morena gobernaba Ciudad de México y otros tres estados. En estos seis años, el colapso electoral de los dos partidos tradicionales, el PRI y el PAN, se correspondió con la irrupción de Morena, que en la actualidad gobierna en 21 entidades, incluidos bastiones históricos de sus opositores, como el estado de México que bordea la capital, Hidalgo y Campeche, desde siempre gobernados por el PRI, y Baja California, con tres décadas de dominio panista.
EL REGRESO DE LA GUERRA SUCIA
En noviembre del año pasado, cuando las encuestas daban una ventaja de 30 puntos porcentuales a la exjefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum −con una dilatada experiencia en la administración pública siempre a la sombra de AMLO−, la llegada del panista Maximiliano Cortázar como encargado de comunicación del equipo de campaña de la candidata del PRI, el PAN y el PRD marcó el reinicio de la guerra sucia electoral.
En aquel entonces, había dejado de ser relevante el spot que contaba la biografía de la candidata opositora Xóchitl Gálvez, cuyos elementos centrales eran su condición de mujer de origen indígena y de pasado humilde que sufrió la pobreza y trabajó para superarse. Aunque la línea discursiva de su mensaje se mantenía, eso ya no alcanzaba. Gálvez, dicharachera, disruptiva y con buenos reflejos en un principio, había ido perdiendo esos dones y su frescura se estaba secando. La llegada de Cortázar marcó un punto de inflexión, y, con él, la frase acuñada en 2006 «López Obrador es un peligro para México» alcanzó al actual proceso presidencial. Junto con el consultor estadunidense Dick Morris y el español Antonio Solá, Cortázar fue uno de los artífices de la estrategia para descarrilar la candidatura del político tabasqueño en los disputados comicios de aquel año entre Felipe Calderón y AMLO, en los que a la postre el candidato panista alcanzó la presidencia por un margen muy exiguo (0,56% del número de sufragios, 236.006 votos), con el apoyo del entonces titular del Poder Ejecutivo, su correligionario Vicente Fox, los magnates del Consejo Coordinador Empresarial y la principal televisora del país, la oligopólica Televisa.
La publicación Sin Embargo ha señalado que la incorporación de Cortázar al equipo de Gálvez coincidió con la aparición de videos sin identificación que atacan a quien encabeza las encuestas. Son una decena de videos que repiten una y otra vez «A Sheinbaum se le va a caer el país» (responsabilizándola sin ambages del desplome de un tren elevado de la línea 12 del metro de Ciudad de México, en mayo de 2021, con saldo de 27 personas fallecidas) y que se difunden a través de cuentas de X (ex-Twitter) y TikTok bajo el nombre «Morena nos está matando».
Se han reactivado en las redes sociales al menos dos cuentas empleadas en la llamada Operación Berlín, que en 2018 buscaba estigmatizar y demonizar a AMLO y era dirigida por el conocido publicista liberal-conservador Enrique Krauze, con financiamiento de poderosos grupos empresariales mexicanos, entre ellos, Germán Larrea, el tercer hombre más rico de México según la lista de Forbes. Producto de esa operación se elaboraron artículos de títulos sugerentes, como «El eje México-Caracas-La Habana» y «La amenaza rusa en México», entre otras muchas fake news viralizadas a través de las páginas que ahora se han reactivado para atacar a Sheinbaum.
Según afirmó a Sin Embargo Leopoldo Maldonado, director regional para México y Centroamérica de la ONG Artículo 19, las granjas de bots y trolls como estrategias de desinformación ya parecen «viejitas» –el español Julián García Tovar analizó en febrero más de 10 millones de tuits contra AMLO y Sheinbaum, de ellos, 500 mil comparten el mismo error en el hashtag, por lo que consideró que su viralización estuvo lejos de ser producto de una participación masiva de usuarios reales−, ya que son superadas hoy por la fabricación de imágenes y audios comprometedores creados con la ayuda de inteligencia artificial. Ahora circulan grabaciones en las que se escucha a la presunta voz de la candidata de Morena «reconocer» su participación en actos de corrupción, en particular una difundida por el actor Héctor Suárez Gomís y reposteada por el magnate Claudio X. González –forjador de la colisión PRI-PAN-PRD y de la candidatura de Xóchitl Gálvez−, que comienza con la frase «soy Claudia. Nací en una casa llena de privilegios…».
PERIODISMO DE INFERENCIA
El 30 de enero, el periodista estadunidense Tim Golden, en ProPublica, Steven Dudley, en InSight Crime (que recibe apoyo de la Fundación para una Sociedad Abierta de George Soros y del gobierno de Suecia), y la mexicana Anabel Hernández, en Deutsche Welle (el canal de noticias internacionales del gobierno alemán), publicaron de manera sincronizada sendos artículos en los que afirmaban que en 2010 la DEA inició una investigación sobre la entrega por narcotraficantes de 2 millones de dólares a la campaña de AMLO de 2006.
En respuesta, AMLO dijo que la filtración había surgido del Departamento de Estado de Estados Unidos por la coyuntura electoral en ambos países y que era un «montaje», una «calumnia», «propaganda sucia», por lo que exigió una disculpa al presidente Joe Biden. En medio de la tolvanera mediática capitalizada por la oposición mexicana, el Departamento de Justicia estadounidense indicó el mismo día de la publicación que era una investigación realizada hace 13 años que siguió todos los protocolos hasta su «conclusión». La investigación fue archivada. Y el propio Golden, excorresponsal de The New York Times en México y dos veces ganador del premio Pulitzer, reconoció que no tenía «pruebas contundentes» y justificó que en su nota nunca afirmó que haya «evidencias innegables» sobre donaciones del narco a AMLO.
El 6 de febrero, Elizabeth Sherwood, directora de seguridad transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, le informó personalmente a AMLO en el Palacio Nacional que para la administración de Biden era «un asunto cerrado». No obstante, la publicación simultánea en tres medios internacionales de una supuesta noticia sin datos concluyentes y que llevaba a las audiencias a creer algo que no estaba comprobado parecía responder al género de «periodismo de inferencia» y dio pie para alimentar fines injerencistas. Para entonces, el hashtag #NarcoPresidenteAMLO era utilizado por los opositores del PRI, el PAN y el PRD para recrudecer la campaña contra AMLO.
El 22 de febrero, The New York Times publicó una nueva pieza de propaganda. El texto abordaba las supuestas indagatorias de agentes estadounidenses en torno al financiamiento electoral del crimen organizado a las campañas del presidente mexicano en 2006 y 2018. La propia nota admite que las fuentes de esa supuesta investigación oficial eran testimonios de informantes «difíciles de corroborar y que en ocasiones resultan ser incorrectos», y reconoce que el Departamento de Justicia admite que no hay ninguna indagatoria en curso contra AMLO, pero la manera en que aparece estructurado el texto, el momento elegido para difundirlo y la violación de los principios de ética periodística que supone la carencia de indicios que sustenten lo afirmado dejan claro que el medio y los autores buscan plantar una sospecha, que luego sería amplificada y viralizada por empresas dedicadas a la distorsión de la democracia, como los trollcenters que habían difundido con gran profusión las notas de ProPublica, InSight Crime y la Deutsche Welle.
No parece casual que ese ejercicio de desinformación se divulgara a un mes de que hubiera visto la luz otro trabajo de idéntica factura, pese al instantáneo descrédito en que cayó ese trabajo debido a las falencias señaladas arriba. La DEA, fuente de los bulos difundidos un mes antes y probablemente también de esta nueva andanada, no ha ocultado su malestar ante un gobierno nacionalista que le retiró la patente de corso con que solía operar en México. Como señaló Violeta Vázquez-Rojas, el periodismo de inferencias, «un periodismo no informativo, sino estrictamente manipulativo», es especialmente pernicioso «porque no necesita recurrir a la mentira, sino que se basa en la verdad irrelevante». Ergo, es un arma de propaganda que alimenta los prejuicios, la tensión maniquea y el miedo.
AMLO calificó la nota de The New York Times como «otro intento de golpe blando» y llamó «pasquín inmundo» al diario neoyorquino y «falsarios» a sus autores, al tiempo que apremió al gobierno de Estados Unidos a manifestarse sobre la nueva acusación. Un par de horas después, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, el almirante John Kirby, desacreditó el reportaje del Times e insistió en que «no hay ninguna» investigación sobre AMLO en Estados Unidos.
LA RED ATLAS, CASTAÑEDA Y LA VERDADERA GUERRA SUCIA
El 21 de febrero, el presidente de Morena, Mario Delgado, dijo en rueda de prensa que presentaría una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral sobre el financiamiento millonario de Red Atlas a la campaña de descrédito y propaganda negra en redes sociales impulsada por bots y un trollcenter contra AMLO y Sheinbaum y a favor de Xóchitl Gálvez a través de la red social X.
Red Atlas presume su vasta red de 500 think tanks en el mundo y estuvo detrás de batallas judiciales, el llamado lawfare, contra Luiz Inácio Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, así como de los golpes de Estado contra Pedro Castillo en Perú y Evo Morales en Bolivia. La agencia privada internacional que se dedica a impulsar el neoliberalismo y combatir gobiernos de izquierda, progresistas y populistas recibe financiamiento de los hermanos Koch, del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de la cigarrera Philip Morris y la petrolera Exxon (véase «La internacional ultracapitalista», Brecha, 18-VI-21). El director de Red Atlas para América Latina es el mexicano Roberto Salinas León, primo del magnate de la televisión Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), el cuarto hombre más rico de México, quien es uno de los socios de esa red de derechas y se ha enfrentado en más de una ocasión con AMLO. A comienzos de marzo, Salinas Pliego trajo a México a hacer campaña por Gálvez a la marquesa de Casa Fuerte, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, actual diputada de las Cortes Generales de España y vocera del Partido Popular.
Delgado señaló como parte de Red Atlas al portal de noticias mexicano Latinus, con sede en Estados Unidos, cuyo conductor estelar es el controvertido Carlos Loret de Mola. También a comunicadores del diario Reforma, como Luis Rubio, y al exdirector de ese medio, Juan Pardinas, quien acompañó a Xóchitl Gálvez en su reciente gira por Estados Unidos. Pese a esos poderosos aliados y debido a que su campaña no levanta (una encuesta publicada por Bloomberg este miércoles da 23 puntos de ventaja a Sheinbaum), en su primer discurso como candidata, el 1 de marzo, Gálvez se extrajo sangre de un dedo ante un notario y la estampó en un documento en el que se compromete a no eliminar los programas sociales. Además, prometió construir una megacárcel al estilo Bukele –«para que los delincuentes tengan miedo»–, pero con su sello personal.
Tres días después, el intelectual orgánico de la plutocracia mexicana Jorge G. Castañeda desató una polémica por su intervención en el programa Es la hora de opinar de Foro TV, un canal de Televisa, en el que mencionó la posibilidad de emprender una «guerra sucia, pero en serio» en contra de la candidata presidencial morenista. «El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo», dijo el excanciller de Vicente Fox. O sea que lo mejor de la guerra sucia todavía no comienza.
