“Se cambiará la forma de acceso al poder de los que deciden la justicia. Se hará por votación y no, como ahora, por lealtad partidista o, peor aún, por compadrazgos o, de plano, nepotismo”.
Un 75% de los encuestados por Enkoll está a favor de que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por el pueblo. Un 85% aprueban que exista una vigilancia y castigo a los jueces que incurren en actos de corrupción. Un 83% se pronunció por una reforma al Poder Judicial. Estos altísimos porcentajes son apenas un indicio de lo que fue el enorme consenso social en torno a la elección como Presidenta de la República de Claudia Sheinbaum, la mayoría calificada en el Congreso, y en 27 legislaturas estatales. Sin distinción geográfica, de ingreso, escolaridad, género, ni profesión, el consenso que expresaron 36 millones de votos contiene el mandato de que se conduzca, desde las Cámaras, un cambio de régimen.
¿Qué quiere decir esto? El régimen es el modo en que se ejerce el poder. La Constitución es la expresión jurídica de ese modo. Lo que los electores y el movimiento obradorista están ordenando y encargándole a los legisladores de la mayoría calificada es que cambien la forma en que se reparte el poder en la República. Que sean sus representantes para que los ministros del Poder Judicial sean, también, representantes de la justicia y no de las élites. Que las funciones de los institutos autónomos vuelvan al Estado y no estén coptadas por agencias norteamericanas y europeas o, peor, por sus corporativos de empresas. Eso es el poder que viene de la elección del 2 de junio: la ciudadanía ha manifestado con claridad la intención de cambiar el peso del poder republicano: de sus actores no electos ni sancionables a otros que sí lo sean. Aquí la responsabilidad política está en los legisladores a los que se les entregó una mayoría calificada. El cambio de régimen es democratizar los espacios que el neoliberalismo mantuvo alejados del escrutinio público. Implica más que la elección de ministros y magistrados. Pero a eso llegaré más tarde.
Quiero empezar por definirme qué entiendo por cambio del modo en que se ejerce el poder. El poder no es una cosa. Es una relación. Unas acciones que se inducen en otros y determinan otras acciones. Es decir, quién obedece a quién. Esto implica cómo se divide el trabajo, los recursos naturales y tecnológicos, pero también cómo se fragua el sentido de la nación, el futuro colectivo, y la forma de comportarse en política, además de las jerarquías y las formas de coerción. Estas relaciones producen cosas, comunican sentidos, y instauran disciplinas. El poder no es ni sólo violencia ni sólo consenso, no es sólo inducir ni tampoco sólo obligar o prohibir. Es conducir. Este término implica guiar a los demás en una terreno de probables acciones y conductas. Como escribió el gran téorico de esto, Michel Foucault, el poder no es lo contrario a la libertad sino su condición de posibilidad. No hay gente que se someta por pura voluntad ni personas que antagonicen al poder. Eso no sería una relación sino un control absoluto sólo de un lado o sólo un antagonismo, una separación, del otro. Para que haya poder tienen que existir tanto la libertad como la conducción. Una de las muchas cosas en que la oposición mexicana está errada es en ver el poder sólo al Presidente, por ejemplo, y no los múltiples circuitos de relaciones de poder económico, mediático, académico, jurisdiccional, fáctico. Otro error es ver al poder como ”polos” o “contrapesos” cuando lo que vivimos en estos seis años de 4T fue un cambio en la conducción que abarcó una transformación desde las condiciones de existencia de millones de mexicanos hasta el sentido común de otros tantos, sobre la idea misma de la nación y el Estado. Ese 60% que votó a Claudia y ese 80% que está por una reforma judicial no son ni “polos” en espera de su “reconciliación” ni “pesos” en espera de sus “contrapesos”. Son la expresión de una forma de poder que abarca producción de bienes, sentido común, y una forma de ejercicio del poder que tiene prohibida la discrecionalidad, la corrupción, la mentira, y la traición. Es un cambio de relación en el interior, no del gobierno, sino de la trama social. No entenderlo y seguir insistiendo en polarizar y contrapesar es seguir perdiendo. Es no atinar a ver el nuevo terreno en el que estás ya actuando y determinado por el nuevo país.
Pero la forma principal de ese poder es, por supuesto, el gobierno. En el de la 4T hay cuatro cambios de su forma de ejercerlo: se ha cambiado la diferencia entre muy ricos y muy pobres y un poco entre apariencias y capacidad, como en el caso del color de piel o la ropa y su asociación con la delincuencia; se ha cambiado el propósito de la política, de la conservación de privilegios hacia una sociedad menos desigual; se ha cambiado la racionalización con la entrega directa de apoyos y programas sociales a sus beneficiarios, con la entrega directa de información y ciertamente ideología directamente a los ciudadanos y, sin duda, queda pendiente —y de ahí la reforma judicial— la entrega de sanciones directas a los corruptos y delincuentes de cuello blanco; se han cambiado las instituciones, sobre todo las que tienen que ver directamente con las personas: la educación pública, la salud, la vigilancia policiaca. Pero todo esto no es suficiente, nos dicen los votantes del 2 de junio. Hay desterrar la desigualdades de la riqueza, el raciclasisimo, los privlegios, la burocracia delincuente, las instituciones que sólo le sirven a la casta de la blaquitud, colonizada con los de arriba y prepotente con los de abajo. Estructura el campo posible de la acción de todos. Eso es la 4T hasta donde vamos.
Ahora volvamos a la reforma del Poder Judicial. He querido poner sobre la mesa la amplitud de la 4T para volver a darle dimensión a lo que, por las noticias, parece la batalla final contra la corrupción, que sería desplazar a las Normas Piña de sus posiciones. Estamos enbarcados en un cambio mucho más amplio y con profundidades históricas. Pero, a veces, se nos nubla la vista con lo inmediato. Una de las cosas que perdemos de vista es que ese 60% y 80% a favor de la nueva Presidenta y su reforma del poder de justicia, proviene de un entendimiento del saber popular: que las leyes, los jueces, los abogados, no son más que el resultado de una lucha política. Ese entendimiento de millones hace que las discusiones de procedmientos, reglas de elegibilidad, si los abogados son buenos o ladrones desalmados, si las leyes son las sagradas Tablas de Moisés o pueden modificarse a voluntad del pueblo, todo eso, es un debate secundario. Lo que entendemos todos los demás es que es un asunto de quién pierde poder y quién lo gana. Lo ganan los ciudadanos. Lo pierden las instituciones discrecionales, opacas, y a últimas fechas, podridas. Ahí está el meollo del asunto y no se necesita citar ningún artículo de la ley reglamentaria de quién sabe qué para demostrarlo. En realidad, foros o no foros, parlamento abierto o lo que se quiera, la lucha está ganada de antemano a la oposición refugiada en el gremio abogángster, en sus academias universitarias o de la “libre” de Derecho, a sus barras mafiosas, sus medios alquilados, que tienen muy dificil el emprender una defensa contra la mayoría y su mandato. Finalmente la estrategia de lucha del pueblo fue nada más ni nada menos que la electoral con una suficiencia incontrovertible. Fue el voto masivo. Los ministros pueden aspirar a atenuar el cambio o, simplemente, a capitular. Están perdidos. Han usado el petate de la depreciación del peso diciendo que es, en realidad, una devaluación, pero los días le han restado capacidad de infringir daño. Dicen que se irán las inversiones cuando aumentaron y, además, se redujo el peso de la deuda. Dicen que la UNAM está en contra y la UNAM se deslinda de un grupúsculo de malandros con plazas de tiempo completo. Dicen que se podrá elegir a cualquier pelagatos y no a los corruptazos que, con sus doctorados y tesis ininteligibles han pasado a amparar a cuanto hampón les ha pagado o servir a oscuros ministerios como los que permitieron que se desbarrancara la investigación de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Está perdida su batalla, política y noralmente. La estrategia de la 4T debe ser cortar los lazos de estos abogados y sus agrupaciones con el viejo régimen.
Se cambiará la forma de acceso al poder de los que deciden la justicia. Se hará por votación y no, como ahora, por lealtad partidista o, peor aún, por compadrazgos o, de plano, nepotismo. El Poder Judicial en México es de familias. El Poder Judicial en México responde a intereses de presidentes, gobernadores, líderes de partidos políticos. El Poder Judicial es totalmente discrecional. Se habla en estos días de que los jueces concursan para tener los puestos y que estos se entregan a los mejor evaluados en unos examenes. Pero lo cierto es que no existen concursos abiertos. El 87% de los concursos son cerrados, es decir, solo pueden inscribirse al concurso personas que ya laboran en el Poder Judicial de la Federación. Se dejan fuera a universitarios e investigadores, miembros de barras de abogados o de los Colegios, o a cualquier abogado postulante. Eso quiere decir que el propio Poder Judicial se alimenta de sí mismo, de sus complicidades, y de sus disfunciones. Esto ha provocado que no se contrate a los más capaces o con mayor motivación y vocación para ser juzgadores, sino que se cierra sobre los ya conocidos, sin importar si son o no capaces. Así tenemos gente como Norma Piña que fue la peor evaluada por el Senado por cientos de expedientes pendientes en su haber, pero aun así, es la Presidenta de la Suprema Corte. Luego, está el tema de que los criterios para evaluar los tres examenes que se requieren van variando de acuerdo a quien quiera el jefe que quede. Hasta un abogado como Héctor Fix-Fierro, que en paz descanse, y que no era para nada pro-elección de jueces, llegó a decir que el sistema de concursos estaba tan desgastado que “no hay un examen igual al anterior”.
En cuanto al nepotismo, es decir, que el Poder Judicial está compuesto de unas cuantas familias, baste un dato: en 2016, de un total de 28 mil 065 funcionarios laborando en el Poder 4mil 467 tienen al menos un familiar laborando en el mismo Poder Judicial Federal (el 16%). De un total de 27 mil 034 servidores 3 mil 942 tienen al menos un familiar (el 15%), y de un total de mil 31 titulares, 525 tienen al menos un familiar (el 51%). Hay circuitos de la república donde esto está totalmente fuera de control como Jalisco, en el que el 80% tienen familiares en el mismo circuito. Nuevo león, Talxcala, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Coahuila, Morelos, todos están por arriba del 60% de parientes en el mismo lugar de trabajo. Primos, hijos, yernos, mamás, cuñados, todos en el Poder Judicial. Los puestos más socorridos por los parientes son de base e intervienen en la producción de las decisiones judiciales: Oficial Administrativo y Secretario de Juzgado o Tribunal. En Durango, por ejemplo, hay un funcionario que tiene 17 parientes en la nómina, casi siempre de base y con poder de decisión. Según un estudio de Julio Ríos, del total de relaciones donde los individuos tienen puestos de Juez, Magistrado, Secretarios u Oficiales Administrativos, es decir, unos 3 mil 217, el 20% se pueden considerar parte de una red de al menos 4 personas de una red familiar jurisdiccional. Así que ese argumento de que al Poder Judicial llegan los más capaces es falso. Llegan los parientes.
En una entrevista en Chamuco TV, el abogado Andrés Repper ejemplificó la vía de acceso discrecional de carácter política. Lo hizo con el caso de quien hace muy poco presidió el Tribunal Electoral Federal: Reyes Rodríguez Mondragón. Era el compañero de banca de Gil Zuarth que fue haciendo carrera junto con Felipe Calderón. Ahí donde estuvo Gil, estuvo Reyes Rodríguez. Y llegó a ser el presidente de quienes deciden la suerte de las elecciones. ¿Qué mérito tenía Reyes? Haber sido amigo. No llegan los más capaces. Llegan los buenos amigos.
Me gustaría terminar esta videocolumna atendiendo a mi intención inicial que era dar un panorama de cómo se inserta la reforma al Poder Judicial en todo lo que resta como proyecto de nación de la 4T. Sin duda impacta que el acceso a ser ministro o juez o, incluso, trabajador de base con poder de decisión, sea cambiado por una votación que destruya los vínculos políticos, partidistas, familiares y dentro del mismo circuito viciado del poder de la justicia. Pero quiero hacer énfasis en que esto debe tener un propósito de cambiar el poder de ese sistema para que no haya expendientes durmiendo décadas sin ser resueltos, que ser pobre no signifique jamás tener sentencia, que los corruptos de cuello blanco ya no puedan obtener siempre su amparo y la liberación a sus casas. Ese es el propósito y con ello todos deberíamos estar de acuerdo.
