Menos presupuesto, más control: Sheinbaum reestructura la transparencia en México, entérate cómo funciona
En un movimiento que redefine el panorama de la transparencia y la protección de datos en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de un nuevo sistema nacional denominado «Transparencia para el Pueblo». Esta iniciativa surge tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Durante la conferencia matutina del 31 de enero de 2025, Sheinbaum detalló que este nuevo esquema operará con solo el 35% del presupuesto que anteriormente manejaba el INAI, lo que representa un ahorro significativo del 65%. «Se amplía la transparencia, se protegen los datos personales, y todo esto se hace, incluso, con mucho menos presupuesto», afirmó la mandataria.
La propuesta incluye la abrogación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la expedición de nuevas leyes:
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Además, se contemplan reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Estas modificaciones buscan fortalecer el marco legal en materia de transparencia y protección de datos, adaptándolo a las necesidades actuales del país.
Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que el nuevo órgano desconcentrado «Transparencia para el Pueblo» será el encargado de garantizar el derecho al acceso a la información. Por su parte, la protección de datos personales será una facultad directa de la Secretaría. «Identificamos que el 80% del trabajo del INAI recaerá en nuestra dependencia, y lo atenderemos con el 35% de la estructura que tenía el Instituto», precisó Buenrostro.
La desaparición del INAI ha sido objeto de debate desde octubre de 2024, cuando Sheinbaum declaró que «no tiene ningún sentido que permanezca» como organismo autónomo, proponiendo que sus funciones fueran asumidas por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Esta decisión se enmarca en una serie de reformas constitucionales impulsadas por la administración actual, que incluyen la extinción de varios organismos autónomos bajo el argumento de que son prescindibles y que su presupuesto puede ser reorientado hacia otras necesidades del Estado.
La creación de «Transparencia para el Pueblo» también se alinea con la estrategia de digitalización del gobierno federal. En noviembre de 2024, se anunció la formación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dirigida por José Antonio Peña Merino, con el objetivo de simplificar y digitalizar los trámites gubernamentales, haciendo más eficiente y accesible la interacción entre la ciudadanía y el gobierno.
Sin embargo, la desaparición del INAI y la centralización de sus funciones han generado preocupación entre diversos sectores. Algunos expertos advierten sobre los riesgos de concentrar el control de la información y la protección de datos en una sola entidad gubernamental, lo que podría comprometer la autonomía y eficacia en la vigilancia de la transparencia.
En respuesta a estas inquietudes, el gobierno ha asegurado que el nuevo sistema garantizará una mayor eficiencia y cercanía con la ciudadanía. «Buscamos que la transparencia sea verdaderamente para el pueblo, eliminando burocracias innecesarias y acercando la información a quien realmente le pertenece: la gente», enfatizó Sheinbaum.
La iniciativa será enviada al Senado de la República para su consideración y posterior discusión en la Cámara de Diputados. De ser aprobada, México entraría en una nueva etapa en materia de transparencia y protección de datos, con un modelo que promete ser más austero y eficiente.
Este cambio representa un hito en la administración pública del país, y su implementación será observada de cerca tanto por actores nacionales como internacionales interesados en la evolución de las políticas de transparencia y protección de datos en México.
