El derecho es interpretación. Aunque las leyes ofrecen un curso de acción a los jueces, los derechos humanos suelen estar formulados de manera amplia, dejando margen para que el intérprete incorpore sus valores y filosofía judicial. Por ejemplo, cuando la Constitución protege la libertad religiosa, no responde si unos padres, basándose en sus creencias, pueden negar a su hija una transfusión sanguínea que salvaría su vida. Es el juez quien debe ponderar entre la libertad religiosa y el derecho a la salud, justificando su decisión de manera robusta para convencer a ambas partes de que es la más razonable y justa.
Precisamente por eso, la filosofía judicial del intérprete es tan importante. No es realista pretender que los jueces son autómatas libres de visiones y valores sobre lo justo e injusto. Su filosofía actúa como una brújula, especialmente en casos complejos. Eso sí, debemos diferenciar la ideología judicial de las filias y fobias partidistas.
De cara a la elección del próximo 1 de junio, es legítimo y necesario que los aspirantes expongan abiertamente sus visiones morales y éticas. Así la ciudadanía podrá decidir qué jueces queremos y necesitamos. Los postulantes deben explicar si serán formalistas, priorizando las reglas del proceso, o si buscarán soluciones sustantivas a los problemas que enfrenten. Y para mi mucho más importante, deben definir si conciben el derecho como un instrumento estático o como un motor de cambio social.
¿Pero qué significa juzgar desde la izquierda? Según Susan Neiman, ser de izquierda implica creer que las aspiraciones de justicia social no son utópicas. Vamos, que sí se puede lograr una sociedad justa y equitativa. Juzgar desde esta perspectiva es no conformarse con la igualdad formal, prevista en la ley como el acceso generalizado a los mismos derechos, sino reconocer una realidad que muchos se empeñan en negar: que no todos partimos de las mismas condiciones. Y sí, el derecho debe ser un instrumento para corregir esas desigualdades.
Juzgar desde la izquierda implica estar atentos a cualquier señal de discriminación, a fin de trascender los derechos políticos y de libertad, para garantizar también los derechos sociales. Es asegurar un mínimo de bienestar para que todas las personas puedan ejercer otros derechos. La izquierda parte de la idea básica de que todas y todos tenemos igual dignidad y que tanto el Estado, como el sistema de impartición de justicia, deben intervenir cuando hay obstáculos para que esa igualdad sea efectiva.
Ahora bien, no pretendo reducir la visión de izquierda a la dignidad de las personas, pero quiero visibilizar el hecho indiscutible de que la búsqueda de la igualdad puede resultar revolucionaria. Quienes defienden el statu quo suelen rechazar la idea de que todos podamos participar en las decisiones colectivas, manteniendo una muy conveniente justicia elitista y distante. Combato esa noción porque es profundamente injusta y por supuesto que me asumo como parte de la izquierda.
Desde mis inicios como secretaria proyectista en la Suprema Corte, hasta mi labor como magistrada de circuito, he trabajado por una justicia con equidad, sentido social y responsabilidad institucional. Y son precisamente estas convicciones las que me inspiran a regresar a la Corte como Ministra, siempre avanzando hacia ese ideal de justicia social que guía mi vocación.
Magistrada Ana María Ibarra Olguín*
*Magistrada de Circuito; licenciada, maestra y doctora en derecho.
