«En 2016 la firma Seguridad Privada e Inteligencia Cibernética, de Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, ganó dos contratos de 3 mil millones de pesos para promover un software para vincular la seguridad de siete penales. Lavaron el dinero y terminó en sus cuentas», revela el periodista Zedryk Raziel.
