Por José María González Lara – Contralorías en los tres niveles de gobierno, auditorías del poder legislativo federal y estatales, institutos de transparencia ciudadanizados, sistemas anticorrupción, entre otros organismos y dependencias en la estructura jurídica para evitar la corrupción y ésta permanece astutamente y opera “tan campante”; baste decir que los organismos autónomos se componen por ciudadanos con jugosos sueldos, generalmente designados por legisladores de partidos políticos en acuerdos de cuotas.
Por otra parte, aún que erráticamente se da seguimiento a la aplicación de los recursos públicos para evitar su mal uso y desvío, no se verifica que con dicho ejercicio presupuestal se logren los objetivos trazados y se obtengan beneficios concretos para la ciudadanía, es decir que no se contrastan los objetivos y acciones de la previa planeación con los resultados de los gobiernos federal, estatal y municipal, tampoco en los poderes legislativo y judicial, ni en los señalados organismos ciudadanos.
A final de cuentas, es la ciudadanía la que puede constatar los resultados y beneficios de los gobiernos, tanto en la operatividad de la aplicación del erario público, como en su logros y alcances concretos.
Precisamente, la “revocación de mandato”, como un derecho individual y social, impulsaría la necesidad de que el poder ejecutivo cumpliera aspectos gubernamentales imperativos: transparencia en la aplicación del presupuesto; resultados tangibles que favorezcan el bienestar personal, comunitario y social; austeridad republicana para evitar dispendios y despilfarros del dinero del pueblo; cercanía del gobernante con los gobernados; relación estrecha de gobernanza para consensar decisiones que afecten a la ciudadanía; impacto positivo del gasto público como multiplicador de la economía; entre otras.
La democracia representativa delega las decisiones en los representantes, por eso la democracia participativa impulsa el desarrollo armónico de la sociedad, porque obliga a que los gobiernos estén siempre al tanto de sus responsabilidades con sus gobernados; como un ejercicio de participación democrática para revocar o ratificar, la revocación de mandato puede garantizar ejercicios gubernamentales eficientes, efectivos y eficaces.
La derecha conservadora no aprecia este ejercicio como un fortalecimiento de la democracia, por el contrario, argumenta que es un gasto inútil, que se generaría ausencia de gobernabilidad, con enfrentamientos estériles entre las fuerzas políticas, el poder económico y los medios masivos de comunicación. Lo que temerosamente pretende la oposición actual es la permanencia de la democracia representativa, para que, en caso de retornar al gobierno federal, las decisiones sólo se tomen en las cúpulas políticas y económicas, sin un directo escrutinio ciudadano; en todo caso, su oposición a la revocación de mandato es una postura previsora, porque al realizarse un solo ejercicio de este tipo, se sentaría el precedente -o jurisprudencia- para llevarlo a cabo en el futuro y extenderlo, con sus particularidades, a los gobiernos estatales y hasta municipales.
Es deber de las y los demócratas impulsar la participación ciudadana en la vida pública de la sociedad mexicana, defender la revocación de mandato como un derecho democrático, con argumentos sólidos en el discurso y acciones particulares para persuadir a muchas personas que aún dudan que ahora sí se les esté tomando en cuenta.
