Michoacán investiga presunto esquema para desviar recursos de salud a Latinus
Las autoridades michoacanas analizan contratos por más de 300 millones que, sospechan, fueron entregados por el exgobernador Silvano Aureoles a empresas de material y equipo médico relacionadas con Roberto Madrazo, excandidato presidencial del PRI.
Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– El Gobierno de Michoacán examina a detalle los contratos que por al menos 300 millones de pesos asignó el exgobernador perredista Silvano Aureoles a las empresas de productos médicos vinculadas al excandidato presidencial priista Roberto Madrazo Pintado, que a su vez financian al portal Latinus que dirigen el hijo y el yerno de éste.
“Se va a investigar todo”, aseguró el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en entrevista con Los Periodistas, el 24 de junio de 2021, y aclaró que están incluidas las empresas del clan Madrazo que obtuvieron contratos de Aureoles. “Estamos obligados a investigar, a implementar auditorías y que éstas den resultados”.
Y así fue: Con base en lo que SinEmbargo reveló, el 29 de marzo de 2021, en el sentido de que Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Madrazo Pintado, son los propietarios de Latinus, y que éste es también dueño de Samedic, S.A. de C.V. y Hova Health S.A. de C.V., el nuevo Gobierno de Morena en Michoacán comenzó a investigar todas éstas y otras empresas contratistas.
Además de revisar la legalidad de los contratos que por más de 300 millones de pesos otorgó Aureoles a Samedic, S.A. de C.V. y Hova Health S.A. de C.V., como se detalló en el reportaje de SinEmbargo hace un año, el Gobierno de Michoacán también busca identificar si funcionarios del anterior Gobierno cometieron delitos por estar vinculados a las empresas de Latinus.
El reportaje acreditó entonces que el secretario privado del Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, es accionista de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V., una de las empresas propiedad de Latinus, mientras que Miguel Alonso Olamendi, también vinculado a este portal que tiene como estelares a Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, fue secretario particular del exgobernador perredista.
Alonso Olamendi, hijo de la exsubsecretaria del Gobierno de Vicente Fox, Patricia Olamendi, y del exdiputado federal perredista Miguel Alonso Raya, fue representante del Gobierno de Michoacán en la Ciudad de México, y su mano derecha era Estrada Castilleja, socio formal de Latinus.
Aunque el portavoz del Gobierno de Michoacán, Carlos Márquez, declinó informar fechas sobre la presentación de denuncias de carácter penal o administrativo, se analizan a detalle los contratos otorgados a las empresas citadas y la relación de servidores públicos del Gobierno de Aureoles con BCG Limited Consulting, S.A. de C.V., cuyo otro accionista formal es Christian González Guadarrama, director general de Latinus.
Además de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V., hay otra empresa que está detrás de Latinus, Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V., que tiene el mismo objeto social, la misma dirección —Paseo de La Reforma 1620, en las Lomas de Chapultepec— y el mismo representante legal, González Guadarrama.
La única diferencia entre una empresa y otra es que el socio de González Guadarrama en Digital Beacon Programatic Services, creada el 12 de diciembre de 2019, se llama Rodrigo Gerardo Peña Ugalde.
Como lo publicó SinEmbargo hace un año, las empresas de material y equipo médico vinculadas a Madrazo recibieron del Gobierno de Michoacán contratos por más de 300 millones de pesos, uno de los cuales fue por adjudicación directa tras las elecciones federales de 2018, por 137 millones 991 mil 713 pesos para la empresa Samedic, S.A. de C.V.
Esta misma empresa recibió, también del Gobierno de Aureoles, otros tres contratos millonarios: El 9 de abril de 2018, por 94 millones 711 mil pesos; el 31 de enero de 2019, por 94 millones 699 mil, y, el 30 de marzo de 2019, recibió otro por 113 millones 220 mil pesos.
Otra empresa propiedad del yerno de Madrazo Pintado, Hova Health S.A. de C.V., también ha recibido contratos del Gobierno de Aureoles: Uno de ellos fue, en 2019, por 10 millones 271 mil pesos.
Cuando SinEmbargo publicó las investigación que reveló las relaciones de Madrazo Pintado con las empresas contratistas de su yerno con el Gobierno de Aureoles y éstas con Latinus, el excandidato presidencial admitió que la información era cierta y el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era de su conocimiento.
El miércoles pasado el Presidente de México se refirió a la vinculación de las empresas de productos y equipo médico del clan de Madrazo Pintado con Latinus, en el contexto de los “ataques” en contra de su Gobierno por parte del conductor Carlos Loret de Mola.
“De ahí viene el problema con Loret de Mola. Vean ustedes Latinus, que es parte de la empresa que está financiando a quienes nos atacan. ¿A qué se dedican, además de los medios, a qué se dedicaban? A vender medicamentos al Gobierno, políticos que vendían grandes cantidades de medicamentos, incluso adulterados, a precios elevadísimos, contratos con los gobiernos estatales, todavía los tienen”.
El 16 de enero, SinEmbargo publicó como primicia que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación, con carácter de “alta prioridad”, en contra de Aureoles Conejo por presuntos actos de corrupción cometidos durante su mandato.
La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) integró la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-MCH/0000601/2021 y a mediados de diciembre solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) información sobre los procedimientos administrativos que se hayan abierto en contra del exmandatario con motivo del ejercicio de sus funciones, según un oficio de la FGR que obtuvo este diario digital.
Y apenas el 4 de marzo este medio informó que el presunto desfalco del que es acusado el Aureoles ascendería a un monto entre los 50 mil y 60 mil millones de pesos en diversos rubros que van desde la seguridad pública hasta el sector salud y económico, según estimaciones preliminares del Gobierno de Michoacán.
La Contralora del estado, Azucena Marín Correa, indicó en entrevista con la reportera Romina Gándara que las cifras son aún estimaciones, pero indicó que el desfalco podría ser mayor a los 50 mil o incluso 60 mil millones, pero dijo que con la documentación que llevan hasta el momento sólo se pueden sustentar al menos 6 mil millones de pesos que son los que engloban las denuncias penales que han interpuesto hasta la fecha.
“Ahorita tenemos ya acreditado o comprobado 6 mil millones de pesos. A qué me refiero con acreditado, que ya lo puedo llevar a una instancia de justicia, pero ya con documentos, no es nada más decir: ‘es una tarea pendiente de investigación’. Ahorita el universo total sería aproximadamente de 6 mil millones de pesos, los que tengo acreditados ante instancias o que voy acreditar en los próximos días”, señaló la funcionaria.
La actual Contraloría de Michoacán ha recibido desde octubre a la fecha al menos 148 denuncias o señalamientos por irregularidades o posibles desvíos dentro de la administración de Aureoles, las cuales se derivarán en al menos 18 denuncias penales, según estimó la dependencia. Hasta el momento el Gobierno estatal ya ha interpuesto 11 denuncias: cuatro ante instancias federales y siete ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.
“Vamos a dividir por momentos: nosotros tenemos una recepción de denuncias y quejas, pero aparte están los hallazgos que encuentran a los servidores públicos. Ahí los hallazgos fue una cantidad de muchos años que en el transcurso del ejercicio de la administración se han ido difuminando, pero hay otros que se han ido agravando y ahí en esos encontramos sustracción de documentos, uso indebido de atribuciones y un sin número de irregularidades, hasta llegar a las más graves que ya presentamos ante instancias federales y estatales”, dijo la Contralora.
El Secretario de Gobierno Carlos Torres Piña, así como el Gobernador Ramírez Bedolla, han declarado en diversas entrevistas que el monto podría ascender a los 50 mil millones de pesos, si a las irregularidades se suman la deuda pública con más 20 mil millones en créditos bancarios, más 5 mil millones de los seguros, más de 11 mil 648.6 millones de pesos de pasivos, que corresponden a la cotización de dos quincenas ante el ISSSTE, el adeudo de más de 13 mil millones a proveedores, entre otras inconsistencias.
“Ahorita tengo por ejemplo en proceso auditorias que me van a permitir documentar todo eso de lo que habló el Secretario, pero esa parte yo necesito documentarla para tener los elementos… las faltas son tan graves que muchas no las voy a poder determinar yo aquí en la Contraloría, pero estamos en el estudio de todo eso”, detalló la Contralora.
En total son 37 los funcionarios de la anterior administración —incluido el exgobernador Silvano Aureoles— los que son imputados, tanto en las quejas que recibió la Contraloría, como en las acciones penales que ya interpuso ante las fiscalías federal y estatal.
Fuente SinEmbargo
