El Instituto Nacional Electoral (INE) dilapidará 11.6 millones de pesos en el informe de su consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.
Durante la sesión de la Junta General Ejecutiva del INE, fue aprobado por unanimidad, la elaboración del informe sobre su administración (2014-2023), pues de acuerdo con la directora de Administración, Ana Laura Martínez de Lara, es una “vía para generar una memoria institucional y facilitar la transición”.
Carlos Alberto Ferrer Silva, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, dijo que el informe estará su elaborado mayoritariamente por despachos, por lo que tendrá una visión independiente, “imparcial desde fuera y no distraerá los recursos humanos del instituto”.
Se les hace “poco dinero”
Miguel Ángel Patiño Arroyo, de la dirección de Vinculación con los Órganos Políticos Locales Electorales dijo que comparado con el recurso general asignado al instituto durante nueve años, 11 millones son poco.
George Zamora (abogado, designado por la Cámara de Diputados, para el periodo 2019-2025) dejó en claro que no se opone a la transparencia y rendición de cuentas, pero bastaría con recopilar y sistematizar la información ya disponible.
“Lo que deberían poner atención las y los integrantes de la Junta General Ejecutiva es si para esta actividad, para realizar este informe, se requiere erogar recursos en cantidad de 13 millones de pesos y contratar asesoría y consultoría o personal adicional al que ya tiene la institución”, subrayó.
Además advirtió en que el citado reporte nunca fue programado para 2022, “y existen claramente otras necesidades institucionales más apremiantes y con mayor prioridad ante la restricción presupuestal que existe en la institución”.
Por su parte, el titular del Órgano Interno de Control, Jesús George Zamora manifestó su oposición a que un organismo con una nómina de casi 18 mil trabajadores, deba contratar despachos para hacer un documento, y por ello erogar 13 millones de pesos, según la cifra que citó el auditor.
Indicó que no existe fundamento legal para autorizar recursos para ese proyecto, tomando en consideración toda la estructura orgánica y ocupacional disponible, por lo que –alertó– existe la posibilidad de que infrinjan disposiciones presupuestales y administrativas, en específico por la eventual duplicidad de funciones.
Con Información de Polemón.
