Por Erika González
La historia de Mexicana de Aviación terminó al llegar el gobierno desastroso de Salinas de Gortari.
Siendo una de las 4 aerolíneas en el mundo que más tiempo llevaba en el aire, Salinas decidió vendérsela a un delincuente llamado Gastón Azcárraga Andrade, que la quebró en menos de 3 años, no sin antes saquearla.
Zedillo la rescató y convirtió la deuda de este ladrón en deuda pública que los mexicanos terminamos pagando por medio del Fobraproa. A pesar de estos antecedentes, el presidente subnormal Vicente Fox, decidió volvérsela a vender al mismo delincuente, asumiendo el estado todos los pasivos existentes y cobrándosela a un precio equivalente a la cuarta parte del valor de su avalúo.
Como era de esperarse, Gastón Azcárraga se las arregló para volverla a quebrar, declarándola en “suspensión temporal” en agosto de 2010, cuando ya con la ayuda de otro conocido delincuente, Felipe Calderón, se operó para dejar en la calle a los empleados y en la impunidad a Azcárraga, señalado por lavado de 198 millones de pesos, mediante venta de acciones de la compañía.
Como han denunciado de manera incesante los ex trabajadores, en los primeros años tras el cese de operaciones, se contaba con los activos necesarios para poner a flote a la empresa, pero una convivencia entre el calderonismo e intereses privados, la condenó a desaparecer.
El acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y los sindicatos de la extinta Mexicana de Aviación, para que el primero adquiera los activos de la aerolínea y la reflote como una empresa pública, es una noticia alentadora desde varias perspectivas. Es importante señalar que la oferta del gobierno corresponde más a un acto de justicia para los extrabajadores que a una operación financiera tradicional, porque una marca de cualquier empresa quebrada no tiene valor alguno en el mercado.
En primera instancia, brinda un alivio –insuficiente, pero al mismo tiempo inestimable– a los ex trabajadores que durante más de 12 años han esperado de manera infructuosa para recibir su liquidación o sus jubilaciones. Los 817 millones de pesos que erogará la Federación por la marca, un centro de adiestramiento y dos edificios, serán repartidos entre los ex empleados. Si bien el monto representa menos de la décima parte de lo que según los laudos, corresponde al anterior personal de Mexicana, ha sido bienvenido por sus organizaciones, como la única salida a la vista.
Por otra parte la línea aérea pública que se espera comenzará operaciones a finales de este año, podría traer mayor competencia a un sector que ofrece muy poco a los usuarios a cambio de elevadas tarifas y que se encuentra estancado por el bajo número de actores. En su momento, la desaparición de Mexicana se tradujo en un aumento de hasta 280% en los precios de los vuelos y lamentablemente la reducción de las tarifas no vino de la mano de una optimización de recursos, ni de modelos de negocios sustentables, sino de una carrera al abismo en que los más elementales aspectos del viaje, desde elegir un asiento, hasta recibir un vaso de agua a bordo, pasando por el acceso a los compartimentos de equipaje, que se facturan como servicios con un costo adicional exorbitado en la mayoría de las veces.
En suma el lanzamiento de una nueva aerolínea de propiedad pública, con el nombre y la imagen de este icono de la aeronáutica nacional, se inscribe entre los esfuerzos para redificar lo destruido durante tres décadas del más salvaje neoliberalismo depredador; por ello cabe desear que el esfuerzo fructifique en beneficio real para los usuarios de transporte aéreo, los profesionales del sector y del conjunto de la nación.
Como dijo el poeta libanés Khalil Gibran: “Los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan en la caridad”.
