El ‘lawfare’ es la nueva forma de golpe de Estado: Profesora universitaria Ana Cristina Bracho
El ‘lawfare‘ está tristemente de moda en América Latina. Por ese motivo, en la más reciente entrega de su programa Cara a Cara, el periodista Clodovaldo Hernández conversó con la abogada, escritora, articulista y profesora Ana Cristina Bracho, quien sostiene que esta táctica es la nueva manera de perpetrar golpes de Estado.
En su opinión se trata de la puesta en circulación de «as nuevas formas de obtener el poder de una manera diferente a las elecciones libres», visto el descrédito en el que cayeron los golpes de Estado, que en el siglo XX tuvieron como protagonistas al estamento militar.
Bracho destacó que el reemplazo de esta práctica en favor del sector judicial se produjo a raíz del inmenso cuestionamiento tras el Plan Cóndor.
«Esto ofrece ciertas ventajas: permite deponer mandatarios, permite evitar que una fuerza llegue al poder mediante el mecanismo mediante el cual sus principales líderes son sacados de la carrera electoral y también evita los cuestionamientos que adjuntaron en el siglo XX las formas de golpes de Estado militares concentradas normalmente en el irrespeto a los derechos humanos», explicó.
La especialista advirtió que el camino de hacia el ‘lawfare’ está acompañado de una retórica particular. En general, apuntó, se señala instrumentalmente a «un líder como corrupto», en el marco de una lucha global contra la corrupción, con el objetivo de cerrar «la vía electoral de una persona».
El ‘lawfare’, más que guerra judicial
Ana Cristina Bracho indicó que en contraste con el sistema de justicia, que «tiene una manera de ser que se rige por los principios fundamentales, tanto de la Constitución como de las leyes y tratados internacionales», el ‘lawfare’ requiere de la alianza con los medios de comunicación para consumarse.
«Normalmente, las jugadas del ‘lawfare’ son precedidas por una jugada de culpabilización que no es jurídica sino un señalamiento mediático», puntualizó. A su parecer, «los casos más visibles, que fueron los de Dilma Rousseff, Lula da Silva y ahora el de Cristina Fernández», tienen en común ser «causas muy repetitivas en lo mediático y muy débiles en lo jurídico».
Así, esta alianza entre la prensa y el Poder Judicial se traduce en «un expediente que no se ventila dentro de los tribunales» sino en los medios, porque el compromiso de esas instancias es con sectores económicos, que han aprovechado que dentro «de la estructura tradicional del Estado», el Poder Judicial es «el único que no es electo popularmente».
«Los jueces representan a unos sistemas políticos o económicos que son de segundo grado, normalmente vinculados con los factores que se oponen a los movimientos populares, que son los que denuncian la persecución por la vía del ‘lawfare’», completó.
Golpes parlamentarios y ‘lawfare’
La académica puntualizó que hay opiniones divididas acerca de considerar o no los llamados golpes parlamentarios como ‘lawfare’, pero en su opinión, lo que se ha aplicado para remover del poder a presidentes como Fernando Lugo y Dilma Rousseff, se distingue claramente de las persecuciones judiciales de las que han sido objeto políticos como Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner.
«A diferencia de lo que pasó con Dilma, con Lula hablamos claramente de un ‘lawfare’, con aquella acusación en un juicio que se cae, donde una de las características, si queremos ver, es que no tenemos jueces normales», abundó.
Esa ausencia de normalidad la deriva de la Teoría Política Clásica, que justifica la designación de sus miembros a partir de la discreción, lo que claramente se violó en los casos de Da Silva y Fernández.
«Recordemos cómo en el caso de Lula, los jueces terminaron siendo ministros y ahorita, en el caso de Cristina, cómo los vemos asociados con el grupo Clarín y también, precisamente, en una dinámica política de ‘lawfare’».
Sobre la reciente remoción de Pedro Castillo por el Congreso peruano, recalcó que el país andino tiene unas características particulares, pues la crisis política no se desencadenó con este incidente sino ha sido constante.
«Creo que tenemos que distinguir estas jugadas, porque nosotros vemos cómo las presidencias en Perú se han sucedido en cuestión de meses, frente a lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, donde tenemos una persecución judicial que ya tiene varios años (…). El Poder Judicial recibe una gran cantidad de causas contra Cristina Fernández por casos que habían pasado por el Congreso y en los que, de ser cierto que había una asociación para delinquir, debería haber otros que están asociados, que no los observamos».
El «falso derecho», la táctica de guerra empleada contra Venezuela
Bracho considera que más que ‘lawfare’ o golpes parlamentarios, contra Venezuela se desencadenó una guerra jurídica, concepto desarrollado por algunos autores de la doctrina militar estadounidense «que plantea que (…) es la utilización del derecho –o de un presunto derecho–, para obtener lo que de ordinario se obtiene por la guerra convencional», lo que se complementa con la noción de «falso derecho» propuesta por Alfred de Zayas.
«En el caso de Venezuela, me gusta invitar a que pensemos que hay una guerra jurídica a través de la utilización de un falso derecho, que tiene su cúspide en la figura del gobierno interino, en la cual, por la repetición de una supuesta falta absoluta de poder, se hace una persona que no fue electa como presidente, pero que legitima acciones económicas contra el país, que van a impactar en el despojo de nuestros bienes», tal y como sucedió en los casos de Citgo y Monómeros, argumentó.
Así las cosas, el así llamado falso derecho «legitima figuras» que garantizan el expolio de una nación y modificar las relaciones comerciales del país, es decir, dos de los «objetivos tradicionales» de las guerras: «reordenar el comercio e incidir para tomar riquezas».
A esto sumó «la utilización de intentos de judicialización», en los que organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) sirvió de «altavoz» para el interinato, al punto que le permitió llegar «a esferas como la Corte Penal Internacional».
«Desde esa lógica, en Venezuela ha habido una gran operación de guerra jurídica, porque la vemos que los efectos de estas acciones tienen la dimensión de una guerra», enfatizó.
Un caso que, desde su perspectiva, ilustra muy bien las dimensiones de la guerra jurídica contra Venezuela: el avión de Emtrasur retenido ilegalmente en Argentina por órdenes de la justicia estadounidense, porque «explica las anormales relaciones del Poder Judicial frente a los otros poderes».
«Normalmente estas figuras crecen sobre la vía de que el Poder Judicial es independiente, pero el Poder Judicial forma parte indivisible de un Estado», porque en el caso de autonomizarse de ese Estado, acaba sucediendo lo que hoy puede verse en Argentina, donde hay quienes dicen que hay una dictadura judicial de derecha que convive con un gobierno de izquierda electo popularmente, pero con maniobrabilidad limitada.
En el caso de Emtrasur, claramente se observa esta primera dimensión, pero también otra que niega la soberanía de Venezuela para comprar un avión, la de Irán para vendérselo y «una negativa de soberanía de Argentina de aplicar su derecho y mantener sus relaciones con Venezuela».
Empero, pese a las evidentes dificultades, en su opinión, el caso fue manejado «inteligentemente» por el Ejecutivo, que optó por «mantener la relación política», al tiempo que se produjo el sobreseimiento de las causas contra la tripulación venezolano-iraní, aunque sin que mediaran «acciones que compensen moralmente los daños que sufrieron»
«Pero queda el tema del avión que fue objeto de un secuestro a favor de un tercer país, que quiere limitar el derecho al comercio de tres países en un solo hecho», completó.
Bracho sostuvo que los riesgos internos no han desaparecido, pues si bien es verdad que el cambio constitucional fue un paso importante que ofreció al país un margen de maniobra para ejercer un «control constitucional eficiente» frente a la guerra jurídica, aún el Poder Judicial tiene importantes deudas por saldar.
«No podemos ver que, por esto, nosotros no tenemos riesgos políticos y, además, riesgos sociales. La gran lucha en Venezuela en este momento tiene que ser por la justicia, desde la justicia y pasa por la reforma de buena parte de las normas judiciales», concluyó.
