Ciudad de México. En el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “no vamos a aflojar ni a dar marcha atrás por más presiones y resistencias”, reafirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas, al tiempo que dio a conocer que se incorporaron 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso contra el ex procurador Jesús Murillo Karam, detenido por los delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada.
Al presentar el cuarto informe de actividades de las dependencias que integran la SG encargadas de la defensa de los derechos humanos, se refirió a este caso y adelantó que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el mecanismo de seguimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes continúe hasta marzo de 2023. Se tenía previsto que concluyera labores a finales de diciembre.
En el balance de los trabajos realizados en lo que va del sexenio, Encinas destacó que desde la llegada del actual gobierno se reconoció “la gravísima crisis humanitaria de violación de derechos humanos que existía en el país”, la cual “enfrentamos y encaramos con toda claridad”. Lo anterior, al empezar a construir las instituciones que se requieren para que el Estado cumpla con sus obligaciones y una cultura institucional de respeto a las garantías de toda persona, enfatizó.
Destacó que se terminó la fragmentación de la política en la materia y aunque todavía hay retos, como la crisis de desaparición de personas, las agresiones contra periodistas y defensores, así como la atención a víctimas, “el escenario es cualitativamente distinto al que encontramos a nuestra llegada”.
Anteriormente, el Estado no solamente no estuvo a la altura de cumplir con los retos y responsabilidades, sino que en muchos casos eludió su responsabilidad. El ejemplo más claro, dijo, es cómo renunció a su obligación de garantizar a todas las familias que tienen a un ser querido desaparecido, el derecho a su búsqueda y los familiares tuvieron que emprender esta tarea.
“Hoy se ha revertido esta situación para que el Estado asuma su responsabilidad”, sostuvo.
En el informe, la Comisión Nacional de Búsqueda detalló que se tienen registradas 5 mil 276 fosas clandestinas desde 2006, y se han exhumando 9 mil 221 cuerpos y diferentes restos óseos. Entre diciembre de 2018 y el 24 de noviembre de 2022, 46.26 por ciento de las fosas y 46.2 de las exhumaciones fueron localizadas.
En cuanto al caso Ayotzinapa, Encinas informó que el martes pasado sostuvo una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en la que estuvieron padres y madres de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, y el nuevo fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación, Rosendo Gómez.
En el encuentro, señaló, se revisó todo el pliego de consignación de las órdenes de aprehensión que se solicitaron y se encontraron inconsistencias en muchas de éstas. El que se hayan cancelado 21 de ellas “no implica que no se continúe el proceso de judicialización de acciones contra estas personas”, aseguró, por lo que habrá más detenciones.
