Así fue el desfalco millonario de Santiago Taboada con el Cartel Inmobiliario
Durante su paso por la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX), el panista Santiago Taboada ocasionó un desfalco de 32 millones de pesos con recursos de origen federal que le fueron entregados para el desarrollo de obras y atención de la seguridad ciudadana, de acuerdo con las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas de los últimos tres años de su gestión.
Taboada ha sido alcalde en dos ocasiones en Benito Juárez, una de las 16 alcaldías que conforman la CDMX, conocida por ser bastión del PAN en la capital del país. El ex diputado ganó su primer mandato en 2018 tras conseguir casi el 49 % de los votos y en el 2021 fue reelecto con el 68 % de los sufragios.
Su última administración estuvo marcada por el escándalo conocido como “Cártel Inmobiliario”, que permitió la construcción de pisos y viviendas excedentes a cambio de la “cesión de departamentos de lujo, venta a precios de remate o a través de transacciones monetarias a prestanombres y familiares”, según lo dio a conocer en noviembre del año pasado la entonces fiscal de la CDMX Ernestina Godoy.
Taboada ha negado su implicación en el caso en distintas declaraciones para medios locales. No obstante la dimensión del escándalo, la coalición del PRI, PAN y PRD, denominada Fuerza y Corazón por México decidió postularlo para competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en un giro inesperado respecto del método que habían anunciado previamente, que incluía la realización de foros y encuestas entre los aspirantes.
Cuenta pública 2022
La ASF observó el gasto de los recursos federales que se entregaron a Taboada a través de dos rubros: el de Participaciones Federales a Municipios y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
En la cuenta pública del 2022, la entidad fiscalizadora revisó la totalidad de los recursos asignados a la Alcaldía Benito Juárez por un monto de 47 millones 805 mil pesos que corresponden a las Participaciones Federales a Municipios, encontrando un desfalco de 14 millones 371 mil 739 pesos.
En esta auditoría de cumplimiento, marcada con el número 663 se derivaron dos observaciones que suman esa cantidad y otras dos que instruyen al Órgano Interno de Control de la Alcaldía Benito Juárez, fincar responsabilidades en contra de servidores públicos que no entregaron la información de contratos y documentación oficial que comprueba el ejercicio de los recursos.
La ASF hizo una revisión a la obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, encontrando que no pudo verificar el financiamiento de las operaciones con los recursos asignados, debido a que la Alcaldía Benito Juárez no proporcionó los registros contables y presupuestales.
De aquí se desprende la primera observación marcada con la clave 2022-D-09014-19-0663-06-001, la cual detectó un desfalco por 6 millones 153 mil 651 pesos, derivados de la contratación de un servicio para el desarrollo de una estrategia institucional para la revisión y mejora de la gestión pública de la Alcaldía Benito Juárez, pues no hay evidencia de que se llevara a cabo. Tampoco hay registro de la entrega de los comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por un monto de 2 millones 841 mil 700 pesos.
En otro contrato que tenía como finalidad llevar a cabo un diagnóstico para mejorar los procesos de adjudicación y ejecución del presupuesto participativo 2022, la ASF tampoco encontró los comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que ascienden a un monto de 522 mil pesos y no hay evidencia de que el servicio se hubiese realizado.
La Alcaldía Benito Juárez también celebró un contrato por 1 millón 200 mil pesos en servicios de consultoría de contratos individuales de trabajo, pero no hay memorias de los juicios atendidos y la documentación es ilegible.
Con el recurso de las participaciones federales, Taboada ordenó el suministro e instalación de luminarias tipo cerillo en las calles más oscuras de la Colonia Narvarte, pero no presentó los SPEI por un monto de 1 millón 751 mil 700 pesos, ni los estados de cuenta bancarios y el acta de entrega no tiene fecha. El informe detalla que no presentó cotizaciones, constancia de situación fiscal ni registro del padrón de proveedores.
La misma observación por falta de los SPEI con monto de 1 millón 38 mil pesos y el acta de entrega-recepción ocurre en la contratación del suministro y aplicación de repellado y pintura de fachadas en la calle Albert. La Alcaldía no presentó el análisis cualitativo de las propuestas ni las actas constitutivas de las empresas que concursaron para asignarse la obra.
En cuanto a la revisión de obra pública se refiere, la ASF elaboró la observación 2022-D-09014-19-0663-06-002 en la que se detectó un desfalco de 8 millones 218 mil 87 pesos en la ejecución de la segunda etapa del mercado Mixcoac y la rehabilitación del mercado Lázaro Cárdenas. Del primero, la entidad fiscalizadora señala que la Alcaldía Benito Juárez no entregó el reporte fotográfico de la estimación 11 por un monto de 1 millón 796 mil pesos, así como pruebas de laboratorio.
Del segundo, señala que no presentó el acta de entrega-recepción, ni reporte fotográfico de la estimación 11 por 2 millones 471 mil 400 pesos, ni pruebas de laboratorio. También menciona que en el contrato de servicios profesionales técnicos para el apoyo logístico en actividades relacionadas con la obra pública por un monto de 3 millones 950 mil pesos no se incluyeron reportes de actividades, informes quincenales ni el informe final.
Otro desfalco millonario de Santiago Taboada con el Fortamun
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) establece que al menos el 20 por ciento de este fondo se debe destinar a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.
En el caso de la Alcaldía Benito Juárez, la ASF observó las cuentas públicas del 2020 y 2021 encontrando en ambas un desfalco que asciende en conjunto a los 17.6 millones de pesos.
La auditoría 654 que corresponde al ejercicio fiscal del 2021 reporta un desfalco de 2.5 millones de pesos, después de que en una primera instancia se le hubieran hecho observaciones por casi siete millones de pesos, debido a que las autoridades no presentaron documentos que comprobaran y justificaran el gasto. Entre sus observaciones, la ASF señala que la Alcaldía presentó recibos de pago de seguros sin validez fiscal.
También advierte falta de transparencia en el ejercicio presupuestal, debido a que no publicó en su página de internet los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos. El informe menciona que ni siquiera entregó la documentación que acredita que enviaron los comprobantes de gastos al Gobierno de la Ciudad de México, donde se concentraron inicialmente los recursos del FORTAMUN para repartirse posteriormente a sus 16 alcaldías.
También perteneciente al mismo rubro, la auditoría señalada como el número 675-DS-GF, la ASF estimó que el daño a la Hacienda Pública es de 15 millones 118 mil 732 pesos más rendimientos, debido a que no presentó evidencia de haber destinado recursos del FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2020 para el pago de servicios personales en seguridad pública. La falta de comprobantes y registros contables del ejercicio presupuestal es una constante en esa auditoría.
En su informe la ASF destaca por ejemplo que la Alcaldía Benito Juárez no tiene mecanismos de control que garanticen la adecuada ejecución de los recursos asignados. La falta de transparencia en el ejercicio de los recursos también es otra de las observaciones que hace la entidad fiscalizadora.
“La Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2020 y las acciones a realizar; sin embargo, no proporcionó trimestralmente la información sobre el avance del ejercicio de los recursos y al término del ejercicio sobre los resultados alcanzados, de acuerdo con los lineamientos de información pública del CONAC”, dice el informe.
El cochinero de Santiago Taboada en la Benito Juárez
El mal uso de los recursos que realizó el panista, no sólo fue descubierto por la ASF, también por la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) que detectó un desfalco global de aproximadamente 2.6 millones de pesos en su cuenta pública del 2022.
El reportero Omar Montalvo dio cuenta de ese hecho en el diario Basta! donde expone los resultados de la auditoría, registrada con el número de expediente ASCM/69/22.
Un millón de pesos corresponde a la ejecución del programa de apoyo a estudiantes denominado Beni-Titúlate que consistió en la dotación de becas por única vez y hasta por 5 mil pesos en agosto del 2022, como una ayuda para contribuir a su formación académica.
De acuerdo con Montalvo, la ASCM detectó que al menos dos de los funcionarios públicos de la Alcaldía tomaron, cada uno, diez mil pesos de ese programa para su beneficio propio, y aunque la administración de Taboada intentó justificar el desvío de recursos, no pudo conseguirlo debido a la falta de pruebas.
Otra de las observaciones está dirigida a la realización del Tercer Festival EstacionArte 4×4 BJ en agosto del 2022 como una estrategia para reactivar la industria creativa y cultural de la Alcaldía Benito Juárez ante el impacto de la pandemia por Covid-19 que azotó a todo el planeta.
La administración de Taboada ejerció 1 millón 600 mil pesos en este evento, sin embargo, la ASCM no recibió los documentos de la programación presupuestal y tampoco los comprobantes de la aplicación del recurso.
El informe de la entidad fiscalizadora señala lo siguiente: “(Se le solicitó) que proporcionara las facturas de los proveedores y/o comercios con domicilio fiscal en la Alcaldía Benito Juárez, a fin de comprobar los costos de producción de artes visuales y escénicas; sin embargo, el sujeto de fiscalización fue omiso en proporcionar las facturas que amparan los costos de producción”.
El Gobierno del panista es uno de los más cuestionados por las instituciones fiscalizadoras y de transparencia, que han dejado en evidencia su falta de rendición de cuentas y de un ejercicio público de los recursos dentro del marco de la ley.