Por José María González Lara – Después de que el Estado mexicano fungía como juez y parte en los procesos electorales -cuya organización y operatividad dependían de la Secretaría de Gobernación y la jornada electoral y sus resultados la calificaba la Cámara de Diputados con mayoría del Partido hegemónico del régimen (PRI)-, por presión social y de las fuerzas de derecha panistas como de diversos grupos y partidos políticos de izquierda, el Instituto Federal Electoral inició actividades en octubre de 1990, con atribuciones para convocar, organizar y calificar las elecciones federales, sujeto al resultado legal de controversias, denuncias y demandas en las instituciones jurídicas del ramo.
Si bien la construcción política y social del IFE fue un avance importante en la democratización, permanecieron candados, como las cuotas de consejeros electorales entre partidos políticos y la negociación política en las facciones ideológicas identificadas, por ejemplo, los acuerdos posteriores a la aprobación legislativa del rescate bancario (Fobaproa) en 1998, cuyo resultado fue la Presidencia de la República para Acción Nacional en dos ocasiones, con Vicente Fox en alternancia fallida y apoyo del PRI a Felipe Calderón en el fraude cibernético del 2006 (“voto por voto, casilla por casilla”; en la revisión del 10% de las urnas, más del 70% de las casillas tuvieron inconsistencias tanto en la jornada electoral como en el conteo de votos y resultados, es decir que, por consecuencia, en el 90% de las urnas restantes también se reprodujo dicha distorsión, pero esto no fue argumento en el IFE para la anulación de las elecciones fraudulentas).
Otro caso: concluido el proceso electoral del año 2012, partidos de izquierda denunciaron exceso de gastos en la campaña de Enrique Peña Nieto como candidato ganador –por más de 4 mil millones de pesos-, posteriormente la contraloría interna del IFE dio a conocer lo mismo, inclusive también la Auditoría Superior de la Federación reveló esta anomalía, pero la respuesta de las autoridades electorales fue: “caso juzgado, la constancia de mayoría ya se entregó”.
Entre polémica respecto a la soberanía de los Estados, en 2014 se reestructura la institución y se establece el Instituto Nacional Electoral, con atribuciones más amplias para procesos electorales en entidades del país. Sin embargo, las cuotas por partidos para la designación de las y los integrantes del Consejo Electoral continúa y se percibe en ellas y ellos un sesgo ideológico-político en sus decisiones; baste decir que en el año 2014 a Lorenzo Córdova Vianello lo propuso el PRI para ocupar la presidencia ejecutiva del IFE.
Además, en el instituto electoral se estableció una élite burocrática dorada, cuyos funcionarios de primero y segundo nivel gozan de jugosos sueldos, canonjías y prerrogativas muy atractivas –lo que eleva su gasto corriente-, a lo cual no pretenden renunciar y desquiciadamente se aferran.
Para llevar a cabo constitucionalmente la Revocación de Mandato este año 2022, solicitaron más recursos, pero la mayoría en la Cámara de Diputados no accedió; los consejeros del INE argumentaron el riesgo de no llevarse a cabo la calificación social del presidente de la República, inclusive con una controversia en el Tribunal Superior Electoral, pero éste ordenó el ejercicio democrático; los consejeros ajustaron el presupuesto y aun así el 12 de enero solicitaron más recursos a la Secretaría de Hacienda, por un monto de 1,738 millones de pesos.
Ante esto, al siguiente día Hacienda y la Secretaría de la Función Pública propusieron al INE un mayor ajuste de austeridad republicana por 2,972 millones de pesos, sin embargo, inmediatamente la mayoría de los consejeros electorales rechazaron la propuesta.
Anacrónico es que la historia del INE demuestra que los consejeros electorales “ciudadanos” y los representantes de partidos políticos de derecha no han impulsado la democracia participativa y están en contra de ésta.
En un verdadero cambio de régimen se cimbran el sistema político y económico y sus instituciones, además, ante la sociedad los protagonistas exhiben sus posiciones ideológicas y expresan sus posturas políticas, como es el caso del INE en nuestro país. En tanto haya conciencia y participación política del pueblo, indefectiblemente en México avanzará la democracia participativa.
