Candidata de PAN-PRD para gubernatura de Quintana Roo, operó más de 800 mdp del erario a beneficio de su esposo
La Ahora candidata de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para la gubernatura de Quintana Roo, Laura Fernández Piña, operó, en contubernio con su esposo, Carlos Alberto Moyano, un negocio para que éste último obtuviera contratos del ayuntamiento de Puerto Morelos por un valor de 832 millones 416 mil pesos, mientras Fernádez fungía como alcaldesa.
El fraudulento esquema desarrollado por el matrimonio para la construcción del Palacio Municipal elevó el costo original de 57 millones 983 mil 563 pesos a un total final de 389 millones 760 mil pesos y una obra de alumbrado público por la que se debían pagar 42 millones 950 mil pesos, terminó costando 442 millones 656 mil pesos.
Los contratos propuestos por la ex priísta Laura Fernández y autorizados por la XVI Legislatura del Congreso local, implicaban que el ayuntamiento de Puerto Morelos adquiriera las “obligaciones relacionadas” con los contratos, según los decretos 103 y 104 del 21 de marzo de 2021, lo cual significaría una mensualidad de 2 millones 990 mil pesos, por lo que se comprometió durante 20 años el 48% del presupuesto de participaciones federales del municipio de Puerto Morelos.
Y es que, al parecer, para Laura Fernández es imperativo obtener la gubernatura de Quintana Roo, para así poder “proteger” a su esposo, Carlos Alberto Moyano, quien es buscado en Nayarit por abuso de confianza.
Las cosas se complican aún más para la pareja, pues el ayuntamiento de Puerto Morelos denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado de Quintana Roo a Laura Fernández, a un grupo cinco de sus subalternos cuando ella fue presidenta municipal en ese sitio, así como a cuatro empresas, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita.
“Concretamente operaciones de recursos de procedencia ilícita, delitos preparados y planeados desde una asociación delictiva en la que idearon un plan que consiste en una primera etapa en la simulación de diversos dictámenes y documentos de viabilidad, ello con el fin de la aprobación con fecha 02 de julio del año 2019, por parte del Ayuntamiento, conforme a los procedimientos de la Ley Estatal de la materia el Proyecto de Inversión Pública Productiva, posteriormente de manera ilegal se llevaron los procedimientos con la clara intención de adjudicar a dos personas morales vinculadas con la entonces presidenta municipal dos contratos de (bienes), que además de ser el producto de una actividad ilícita, forman parte de la estructura legal y financiera ideada para custodiar y administrar estos bienes, así como para ocultar la titularidad de estos…”, dice la denuncia.
El modelo de negocios implementado por Fernández deja en desventaja al ayuntamiento ya que aumentan los costos financieros y de mantenimiento a lo largo de 20 años, ya que obliga a pagar una contraprestración a lo largo de 20 años en obras con participación federal, comprometiendo así las participaciones que el ayuntamiento recibe.
Fuente SinLínea
