La promesa de la legalización de la marihuana, con todas las oportunidades para la pacificación del país y el desarrollo económico a través del fomento de una industria legal, sigue sin aterrizar en el territorio mexicano.
Hoy, los retrasos, las omisiones y la desinformación que existe en torno a la planta de cannabis, así como una falta de voluntad para generar regulaciones eficientes alrededor de este incipiente mercado, siguen imposibilitando que los ciudadanos accedan a productos relacionados con la planta, al menos por la vía legal.
Desde la publicación del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos en 2021, México anunció su intención de incorporarse al mercado internacional desde una óptica de salud pública y apegada a principios científicos. Una postura que generó optimismo entre los sectores que no sólo ven en la cannabis el ejercicio de los derechos de libre desarrollo de la personalidad, sino alternativas médicas y terapéuticas para los mexicanos.
Sin embargo, en el camino hacia la legalización, existen organismos y actores clave que han fungido como un cuello de botella para estos esfuerzos. Tal es el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuya falta de interés para establecer un diálogo abierto y mecanismos transparentes que permitan el avance de la regulación, han dejado bajo llave a esta sustancia durante la mayor parte de la actual administración.
A principios de abril, la Comisión rompió el silencio en el tema de la marihuana, pero para sorpresa de diversos sectores involucrados en la incipiente industria, el abordaje se hizo con una clara intención política de por medio.
“Ahorita que estamos hablando de las drogas, a lo mejor ustedes no saben, pero cinco días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, Cofepris dio 63 permisos (sic) para comercializar productos derivados de la cannabis, la mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia mañanera de Palacio Nacional el 11 de abril.
Un día después y en el mismo espacio, Bertha Alcalde Luján, comisionada de operación sanitaria de este organismo de control sanitario, aclaró que desde el 30 de octubre del 2018 se emitieron “lineamientos ilegales de cannabis, lineamientos que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, que no fueron sometidos a consideración de Conamer, y tan sólo un día después ya se estaban haciendo las solicitudes en Cofepris para la autorización de estos productos”.
Lo que la Comisión presumió como un hallazgo de irregularidades en estas autorizaciones (que podrían tratarse de probables actos de corrupción), se trata en realidad de un litigio estratégico, ampliamente documentado y analizado por la posible configuración de conflictos de interés en la investigación “Las fichas de Coca-Cola; negocios con información privilegiada”, realizada por Connectas y Pop Lab en marzo del 2022.
Pero las 65 autorizaciones por las que Cofepris decidió llevar el tema directamente a Presidencia son sólo un fragmento; un pequeño número dentro del universo de trabajo pendiente que la dependencia tiene sobre su escritorio en el tema de cannabis legal.
Hoy, gracias a solicitudes de información disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, sabemos que la Comisión no cuenta con un formato de trámite de solicitud para las actividades relacionadas con el autoconsumo de marihuana en México, por lo que los promoventes han tenido que recurrir a la figura del escrito libre para obtener una autorización de acceso a la planta.
En el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2019 al 30 de julio de 2022, se recibieron 10 mil 202 escritos libres, de los cuales 2 mil 499 oficios pudieron cumplir con los requerimientos para la autorización para el autoconsumo. Una falta de acción que, entre otras cosas, ha detonado el crecimiento del área gris en nuestro país.
Para aclarar estas inconsistencias, Reporte Índigo solicitó entrevista a la Cofepris, con una negativa justificada en el hecho de que el tema de la regulación era un “asunto de Presidencia”.
Un reto permanente
Para Nadia Robles Soto, directora de programas nacionales de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, aunque los datos que se tienen con relación al consumo de cannabis en México no están actualizados, existe información que nos permite analizar la situación actual de la marihuana.
“Lo que hemos encontrado en los últimos años es interesante porque la cannabis generalmente se mantenía como la segunda sustancia de preferencia después del alcohol, o era por la que más personas acudían a tratamiento. Hoy es tercer lugar y ha ido en decremento desde el año 2017”, comentó en entrevista para Reporte Índigo.
La especialista, quien consideró que el tema resulta relevante desde la dimensión del consumo, también reconoció que regular una sustancia de gran calado como la cannabis implica el involucramiento de diversas dependencias, no sólo las autoridades del sector salud.
Robles Soto añadió que si bien, dependencias como la Cofepris tienen la responsabilidad de establecer las regulaciones, otros organismos como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como la Secretaría de Economía tendrían que involucrarse en la construcción de un gran aparato gubernamental que nos coloque un paso más cerca de un mercado abierto y legal de la cannabis.
La narrativa de la prohibición
La lucha desde diversos sectores integrados por campesinos, activistas, defensores de derechos humanos, médicos y comunidades enteras que impulsan lo múltiples aprovechamientos de la planta, coinciden en que la liberación de la cannabis y el cáñamo en México no son sólo es una necesidad, sino también una promesa que acompañó al gobierno de la Cuarta Transformación desde los tiempos de campaña.
Desde organismos como el Observatorio Nacional Ciudadano, la política de combate a las drogas impulsada por el gobierno de López Obrador ha resultado insuficiente y contradictoria. Sólo en términos de lenguaje, la distancia que existe entre las promesas de 2018 de impulsar la despenalización y legalización de la planta, contrastan con las posturas conservadoras del presidente y la falta de voluntad política para entender el problema de las drogas desde un ángulo distinto.
“Nosotros hemos insistido que uno de los aspectos más preocupantes es que, las estrategias hoy, se basan solo en una posición represiva. Es decir, al consumidor último es al que le estamos girando la factura; es a quien estamos penalizando por su consumo y no estamos trabajando realmente por desmantelar a los grupos delictivos o por establecer soluciones diferentes de combate a sus recursos financieros”, comentóFrancisco Rivas, director general de esta organización.
Desde su perspectiva, en México vamos muy tarde en el tema de la regulación, por lo que criticó el desmantelamiento de instancias como la Conadic o la visión de que los programas sociales basados en la transferencia de dinero no pueden ser considerados políticas de prevención y por lo tanto no ayudan a entender ni a solucionar los problemas reales de la ciudadanía.
Corrupción, nepotismo y falta de conocimiento
Hoy se celebra el Día Internacional de la Marihuana. Una fecha que permite la integración y discusión de los fenómenos de apertura y legalización hacia la industria de la cannabis en todo el mundo.
En regiones de América Latina como Argentina, Uruguay y Colombia, los trabajos han avanzado al punto de tener cadenas de producción completamente legales, en otras regiones como Tailandia, la producción, distribución, venta y consumo de la planta a nivel federal ya son una realidad.
“En estos momentos nos encontramos en un problema, porque no tenemos una legislación que nos permita enmarcar lo que se supone debería estar en una Ley de Cannabis (…) Pero al final del día, y esta es la parte graciosa, sí existen reglas. Uno necesita licencia para operar y mostrar tu identificación para comprar”, comentó en entrevista para Reporte Índigo Kitty Chopaka, activista , empresaria y una de las voces más visibles en el movimiento cannábico en Tailandia.
Ella explica que en esta nación, aunque las incipientes reglas de mercado no tienen límites para la portación o el transporte de la planta, existen elementos que a nivel político le ponen muchas trabas a la industria.
Uno de los problemas que refirió es la influencia que están ejerciendo los países que se han consolidado en la producción de marihuana. Una interferencia desde la “visión colonizadora” que amenaza el desarrollo desde el ámbito local.
