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Confirmado, 400 millones de pesos despilfarra la élite del Poder Judicial en comidas

La funcionaria de la Suprema Corte defendió el presupuesto del PJF como parte de las discusiones alrededor del presupuesto federal que se designará el próximo año; alegó la importancia de los fideicomisos que se han propuesto a extinguir a través de la votación en comisiones de la Cámara de Diputados.

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Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).- Dimpna Gisela Morales GonzálezOficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), defendió el presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación (PJF) en 2024 ante diputados y diputadas, donde confirmó que casi 400 millones de pesos están destinados para la alimentación de un poco más de mil 700 trabajadores de la instancia.

Durante una reunión de trabajo de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el legislador Hamlet García Almaguer (Morena), cuestionó a la funcionaria de la Suprema Corte sobre el destino de 386.3 millones de pesos bajo el concepto de “Productos Alimenticios para Personas Servidoras Públicas Superiores del Consejo de la Judicatura Federal [CJF]”: sobre todo, para cuántos funcionarios y funcionarias es que se destina dicho monto del presupuesto del Poder Judicial.

En respuesta a ello, Morales González, si bien aclaró que el monto no necesariamente refleja que todo se utilice ni que todos los funcionarios a los que se les dirige la partida del presupuesto ocuparán el 100 por ciento, dio a conocer que dicho concepto está contemplado para mil 767 personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos en dicho apartado.

En dicho encuentro, la Oficial Mayor de la Suprema Corte explicó que seis de los 13 fideicomisos que hoy se discutirá su permanencia están vinculados directamente con los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, sobre todo aquellos respecto a pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios.

Las pensiones complementarias, así como otras obligaciones de seguridad social, son conceptos y obligaciones de largo plazo, es decir que el compromiso comienza cuando el trabajador adquiere la prestación y concluye cuando éste fallece.

Es por ello que argumentó que el proyecto de presupuesto del PJF para 2024 está estrictamente apegado al marco legal para definir su construcción, así como contar un debido sustento en cada rubro de gasto público.

“Si revisan a detalle el proyecto de presupuesto podrá observar que cada peso considerado está orientado a financiar su operación, es decir para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y ampliar su alcance, sobre todo a la luz de las nuevas obligaciones establecidas por las reformas recientemente aprobadas”, defendió.

Asimismo, señaló que el Poder Judicial no sólo cuenta con un compromiso con la impartición de la justicia, sino que también con la transparencia y la rendición de cuentas.

Editor

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