Son 10, los cambios más relevantes que propone la iniciativa de reforma en materia político-electoral que presentó este día el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Al respecto, en la conferencia presidencial, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer dicho decálogo de las propuestas principales de la iniciativa de reformas constitucionales, que dotarán al país de un sistema electoral que brinde seguridad respecto al voto, honradez y legalidad.
Uno. La reforma es parte de la lucha efectiva contra la compra de sufragio, y es necesaria “para lograr que ningún gobierno, ningunas empresas, ningunos poderes económicos, puedan comprar votos, como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular.
“Dos. Elegir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales, que no sean protagonistas adicionales de la lucha por el poder. Es necesario superar la situación en la que las autoridades electorales se encontraban vinculadas de una forma u otra al gobierno en turno, lo cual recientemente se modificó, al ubicarse esas mismas autoridades en el plano de la oposición abierta al gobierno. Ambas cosas, ser expresiones de poder, de poderes establecidos, o combatir al gobierno son indebidas cuando se trata de las autoridades electorales y son también dañosas para el país. Es necesario que las autoridades electorales, administrativas y judiciales sean imparciales y se apeguen a la legalidad y los principios democráticos, que sean ciudadanos y no profesionales de la política quienes tengan a su cargo esas importantísimas funciones de la vida pública de México.
“Tres. Garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censuras de ninguna especie. En estos tres años ningún comunicador ha sido reprimido por el gobierno federal ni se ha perseguido a ningún partido o candidato. Gozamos del más amplio espacio de libertades en estas materias; sin embargo, existen instancias públicas, organismos que supuestamente deben defender esas mismas libertades y hay también poderosas corporaciones privadas que pretenden acallar la crítica que procede del gobierno y de personas que se encuentran en el campo de la lucha por la transformación del país.
“La libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, consagrada con esta claridad en el artículo 7º de la Constitución, debe ser efectivamente inviolable, como la marca la misma carta magna, con esa exacta palabra de ‘inviolable’ y, por tanto, ser defendida también en todos los campos de la vida republicana de México.
“Cuatro. Construir un ámbito nacional en el que partidos y ciudadanos… y candidaturas independientes, perdón, cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político. Los partidos deben existir legalmente sólo con base en el voto popular que obtengan y las candidaturas independientes deben tener la suficiente cobertura para su existencia y representar a sus votantes en los órganos del poder al igual que los partidos políticos.
“Cinco. Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas bajo el principio de la austeridad republicana. Ya se ha demostrado que el camino hacia la federalización de las instituciones electorales proceso iniciado hace ya décadas es correcto; sin embargo, el problema es que no se ha culminado. Se plantea, por tanto, una sola legislación y unos organismos administrativos y judiciales únicos encargados de las funciones electorales, lo que al mismo tiempo disminuirá el gasto público que ahora se destina a la duplicidad de funciones.
“Seis. Designar mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales, administrativas y a las jurisdiccionales a través de la postulación de candidaturas a cargo de los Poderes de la Unión. Es preciso que las instancias encargadas de organizar las elecciones y de decidir el derecho electoral, como ya lo hemos subrayado, adquieran una dimensión ciudadana, para lo cual se propone que sus integrantes sean designados mediante votación popular, es decir, voto universal libre y secreto.
“Siete. Crear un nuevo sistema de elección, en el que cada quien vote por sus representantes directos y todos los votos válidos se vean representados en los órganos colegiados del poder público a través de una proporcionalidad pura. Uno de los mayores cambios políticos del momento actual consistiría en darle mayor representatividad a los órganos legislativos y municipales del país, para lo que se necesita que todos los votos válidos emitidos tengan el mismo peso y que los electores conozcan a los candidatos, por quienes pueden votar directamente en cada entidad federativa y en cada municipio.
“Ocho. Elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el uso de método de listas postuladas por los partidos y listas de candidaturas independientes. De igual forma se aplicaría en cada elección legislativa local. Está claro que se propone que desparezcan las cinco circunscripciones plurinominales y en cada estado se elijan tantos integrantes en la cámara como lo determine su población, así como tres senadores en cada entidad y la integración democrática de los ayuntamientos.
“Nueve. Fijar en 300 el número de integrantes en la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado. Asimismo, establecer un tope máximo de 45 curules en las entidades más grandes para conformar sus legislaturas y un tope máximo de nueve integrantes en los mayores ayuntamientos. Se debe reconocer que el creciente número de representantes populares no mejora la calidad de la representación popular, sino que sólo aumenta el gasto burocrático y la disputa por el mismo.
“Diez. Limitar el financiamiento de los partidos políticos, solamente para gastos de campaña electoral, suprimiendo el llamado financiamiento ordinario que se entrega cada mes durante todos los años; al tiempo, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de estos. Los gastos en burocracia partidista sólo promueven que los partidos se abstengan de cobrar cuotas y gasten dinero en actividades que no están vinculadas a la democracia, ya que son parasitarias, pero pagadas con fondo públicos.
“El financiamiento público de partidos y candidaturas independientes debe realizarse sólo para hacer menos dispareja la contienda electoral, es decir, durante las elecciones, pero sin subsidiar preferentemente a las burocracias partidistas, como ahora se lleva a cabo.”
