Al interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Presupuesto de Egresos 2022, el PRI, PAN AN RRD (PRIANRD) reafirmó estar en contra de que los recursos públicos tengan una orientación a favor de la gente.
Hoy en México el presupuesto federal, por vez primera en más de tres décadas, tiene un profundo sentido social rescata la esencia del ejercicio del poder y de la ciencia política: pone la ciencia al servicio de los intereses colectivos y no de una minoría.
Cuando Claudio Xiconténcatl González formalizó el conocido amasiato PRI-PAN -y al que se le adhirió un remedo de partido a punto de desaparecer, el PRD-, el objetivo central se encaminó a dos momentos claves: arrebatar por medio de las urnas en el 2021 el control del presupuesto al presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante la conquista de la mayoría opositora de la Cámara de Diputados, y a partir de ahí encaminarse a recuperar la Presidencia de la República en 2024.
Fracasaron.
Morena y sus aliados -el PT y el PVEM- mantuvieron la mayoría en el parlamento federal y con ello garantizan esa orientación social del presupuesto federal cuya arquitectura ha diseñado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y además, por si fuera poco en esa debacle opositora, la aceptación ciudadana al Presidente se ha catapultado por encima del 70%.
Recapitulemos. En el periodo neoliberal gobernado por el PRI-AN se llevó a cabo el más grande despojo cometido en la historia de México:
Se orientó el dinero público a los intereses de una casta que se sintió dueña del país, en ese periodo se ejerció una contención y pulverización del gasto social, convirtieron con el FOBAPROA 800 mil millones de pesos de deudas privadas en deuda pública -hoy se debe más de un billón de pesos y se han pagado 764 mil millones de pesos en intereses-, entregaron a manos privadas mil 500 empresas públicas y por poco terminaban por hacerlo con PEMEX y la CFE, destruyeron la plataforma industrial del país, despoblaron el campo, concentraron la riqueza en menos de 500 oligarcas, desviaron a las arcas de la usura el dinero público, acumularon una descomunal deuda externa por el orden de los 10.5 billones de pesos y por la que se destinan cada año más de 750 mil millones de pesos del presupuesto para el pago de intereses y el servicio de la misma. Al mismo tiempo, el salario perdió el 80.8% de su poder de compra.
Hoy, el presupuesto federal para este año de 2022 es de 7.08 billones de pesos. De esta cifra, por la clasificación funcional, 3.4 billones van al desarrollo social, 1.4 billones al desarrollo económico, 982 mil millones de pesos como gasto de inversión; además, 2.1 billones como gasto federalizado (el que se destina a los estados y municipios).
Este presupuesto alcanza para destinar alrededor de 450 mil millones de pesos a los programas sociales, de los que una parte de la alianza PRI-PAN votó en contra de elevarlos a rango constitucional; entre estos programas se encuentran la pensión a adultos mayores y a discapacitados, así como la gratuidad en los servicios de salud y medicamentos.
Este presupuesto social se ha logrado sin aumentos de impuestos en términos reales, sin creación de nuevos impuestos, sin adquirir más deuda, sin gasolinazos, sin permitir condonaciones de impuestos a los grandes contribuyentes y con un principio fundamental que es el de la llamada austeridad republicana y el combate a la corrupción que ha permitido recuperar recursos por el orden de los 1.3 billones de pesos.
Contra esta orientación del presupuesto y contra el Presupuesto de Egresos 2022, el PRIANRD interpuso una acción de anticonstitucionalidad ante la SCJN.
Esta alianza acusa que se “vulnera la progresividad y la no regresividad del derecho a la salud, a la educación, protección de las mujeres, al medio ambiente, entre otros”. Y defienden al oneroso y parcial Instituto Nacional Electoral ya que el PEF-2022 “significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del INE, obligándolo a materializar su mandato sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como es el caso de la revocación de mandato”. Sí, esa alianza opositora que en contraparte avala los insultantes sueldos de los 10 consejeros electorales, superiores a los 234 mil pesos mensuales, casi el doble del sueldo del Presidente de México.
Por esa esencia mezclada de hipocresía y corrupción, no alcanzan a entender que cada movimiento que realizan es para hundirse más en su pantano.
Fuente Polemón
