Por José María González Lara.
Escasa difusión mereció en los medios de comunicación masivos de México la decisión del gobierno de Francia de impulsar y orientar ampliamente la industria eléctrica por razones de “garantía de soberanía energética y preservación del poder adquisitivo”, para no depender de las variaciones de mercado, esto es un giro en política energética neoliberal de décadas anteriores en Europa.
Si bien la decisión se enmarca en el contexto pospandemia y la invasión de Rusia al territorio oriental de Ucrania (Donetsk y Lugansk), el argumento también se esgrime en torno a la necesaria rectoría del Estado en una actividad económica “estratégica”, sin adjudicarla a empresas privadas cuyo esencia es la ganancia de capital sin consideraciones sociales, como sucede en España y otros países, inclusive con prácticas delictivas que afectan el bienestar de la población, como Iberdrola con denuncias legales en nuestro país y en el país ibérico.
El Estado francés hoy controla 83.88% de las acciones de la estatal Electricidad de Francia, pero el pasado 6 de julio la primera Ministra Élisabeth Borne anunció ante la Asamblea Nacional que el Estado controlará 100% de su producción, tendiendo a las energías limpias, en las cuales se consideran, aparte de la eólica y fotovoltaica, extrañamente el gas (que emite más de 20% de CO2 al medio ambiente en el planeta) y los reactores nucleares, de los cuales el país galo tiene instalados 58, pero muy por debajo de su capacidad de abastecer 70% del mercado -suspendidos doce-, por lo cual se ha comprado electricidad a empresas españolas a precios elevados de mercado; por lo anterior se actualizarán generadoras nucleares instaladas con inversión de 50 mil millones de euros (mmde) y se pretende construir seis reactores más en ocho años, para lo cual se requieren 52 mmde (La Jornada, 07-07-22).
El control total de EDF es para cubrir pasivos de 43 mmde, cuya negociación de amortización requiere de autoridad política y capacidad de negociación del gobierno republicano.
Esta histórica decisión merece una reflexión de la derecha política, académica y mediática en México, por su reciente rechazo a reformar la ley de la industria eléctrica, aún que dicha reforma contemplaba 46% de participación privada en el mercado, para contabilizar energías limpias en el futuro cercano: 30% generación hidroeléctrica limpia; 5% nuclear de Laguna Verde, Ver.; mínimo 8% futuras inversiones estatales en eólicas y fotovoltaicas; y, de ser el caso como tanto se argumentó y defendió, 46% generación limpia con inversión privada nacional y extranjera; al tiempo el resultado sería óptimo para contribuir a la reducción del calentamiento global. Lástima, la negativa fue por intereses económicos y políticos.
Aún con decisiones coyunturales necesarias, hoy por hoy el análisis es respecto a la rectoría y orientación estatal de la economía, sin corrupción, que no provoque distorsiones en el mercado, pero también para corregir fallas de éste, como en generación de electricidad para influir en la contención de precios y para impulsar el crecimiento y desarrollo económicos, esto también por los perjuicios generados por la globalización, ejemplo es, según datos de Banco Mundial, la tendencial reducción del consumo de los hogares en el mundo y, por tanto, del bienestar familiar.
De un Estado gerencial de libre mercado con limitadas raíces históricas y sociales, a un Estado de bienestar con responsabilidad social e identidad patriótica y solidaria, es el cambio de régimen que se intenta en México y en muchos países -ejemplo América Latina-, lo que incluye actividades económicas estratégicas, como las energéticas.
En pleno frenesí neoliberal, en 1992 el analista estadounidense Francis Fukuyama sentenció el triunfo del libre mercado y “el fin de la historia”, pero no ha sido así, lo muestran las estratégicas decisiones políticas y económicas en EDF y CFE.
