A pesar de que la multinacional de energía Iberdrola se muestra al mundo como una empresa “ambientalista”, el juez de Castilla y León, Javier del Blas confirmó una multa de 11 millones 250 mil euros y ratificó el embargo de bienes por un total de 130 millones de euros contra tres de sus directivos, por los presuntos delitos de corrupción y grave daño ambiental.
Iberdrola celebró su junta anual de accionistas, en la que se ratificó la cúpula directiva con Ignacio Sánchez Galán al frente a pesar de sus numerosas imputaciones penales que incluyen una trama de corrupción político-empresarial en la que se habrían otorgado varias concesiones para construcción de parques eólicos en la que hubo desde sobornos hasta tráfico de influencias y prevaricación.
La empresa tiene en España al menos cinco procesos judiciales, entre los que se encuentra el que se refiere a la contratación de un ex comisario de policía para espiar y coaccionar tanto a empresarios y directivos de las compañías competidoras, como a políticos, periodistas y hasta líderes medioambientales críticos con los megaproyectos de la firma energética, que tiene su sede central en Bilbao y en el cual está imputado el propio Sánchez Galán, aunque también se investigan otros delitos graves, como la manipulación de los precios de la electricidad mediante el vaciado intencionado de pantanos, la expropiación ilegal de un terreno de más de 510 hectáreas para instalar ahí la mayor planta fotovoltaica de Europa.
Otro caso en investigación es la concesión irregular de autorizaciones para edificar parques eólicos en la región, en un lapso que va de 2003 a 2011. Es decir, ocho años durante los cuales Iberdrola se habría saltado la legalidad para conseguir las concesiones públicas y expandir así sus inversiones y proyectos energéticos en la zona.
De confirmarse la hipótesis de la Fiscalía, significaría que en ocho años se habrían pagado hasta 80 millones de euros en los sobornos para conseguir las concesiones, en los que estarían involucrados cinco funcionarios de alto rango del gobierno autonómico y 11 empresarios, entre ellos los tres directivos de Iberdrola.
