Por José María González Lara – De noviembre del año 2020 al mismo mes de este año, en México el incremento de precios al consumidor registró 7.37% anual, acumulado desde enero en 7%, lo cual es efecto de dos fenómenos, uno mundial y otro regional.
Como ya se ha mencionado en otras entregas de esta columna, la pandemia distorsionó las cadenas globales de valor, es decir los vínculos productivos y distributivos de bienes y servicios entre países; al recuperarse paulatinamente la inversión y el empleo, tendencialmente ha aumentado la demanda, pero cuando dichos encadenamientos aún no se recuperan del todo, sobre todo porque se incrementa la demanda de materias primas, incluidos gas y petróleo, y productos agropecuarios. Esta es una de las causas de la inflación en la mayor parte del mundo, incluido nuestro país.
Por otra parte, en los años del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos se inyectaron recursos a empresas y hogares por un monto de 2.9 billones de dólares (millones de millones de dólares), pero sin recaudación tal que sostuviera dicho gasto público (los impuestos se redujeron drásticamente, sobre todo el ISR que pasó de 37 a 25%), lo cual se sostiene con deuda pública y emisión de dinero.
Asimismo, a lo anterior deben añadirse los programas del presidente Joe Biden, de gasto público en infraestructura productiva y educativa, los cuales, si se aprueban, generarían inversión y empleo, con el consecuente aumento de demanda y consumo intermedio y final.
En el país vecino norteño esto ha traído como consecuencia una inflación anual de 6.8% -de noviembre de 2020 al mismo mes de este año- y acumulada de 6.7% -de enero a noviembre de este año-, la más elevada desde hace más de 30 años.
Por lo anterior, las importaciones provenientes de ese país para los procesos productivos elevan los costos de producción de manera directamente proporcional y, por ende, el precio final, esto es lo que se denomina “inflación importada”.
Según INEGI, el índice de precios al productor se situó en 9.90 anual, es decir que las empresas pagan en promedio 3.1% del incremento de precios en materias primas y energéticos, lo cual no podría sostenerse por mucho tiempo.
¿Cómo enfrentar el problema sin que se afecte la recuperación económica en tiempos de Covid y, previsiblemente, ya en postpandemia? En México se ha optado por algunas políticas económicas estratégicas complementarias: la monetaria, con el aumento de la tasa de interés de referencia a 5%, para que paulatinamente se incentive el ahorro y se inhiba el crédito, por tanto, tendencialmente menos demanda; la fiscal, con el sostenimiento e incremento en el gasto en infraestructura productiva y las transferencias a los programas sociales que sostienen el consumo componente de la demanda agregada, es decir el gasto público como efecto multiplicador; la laboral, con el incremento en 22$ al salario mínimo para el año 2022, acordado por las cúpulas obrero-patronales y la Secretaría del Trabajo. Las últimas tres estrategias para aumentar la demanda agregada e impulsar el crecimiento.
Ante la inflación global, el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que los Bancos Centrales tienen poco margen de maniobra y sus decisiones impactarán la recuperación, sin embargo, se sostiene que el fenómeno de aumento de precios no será permanente, hasta en tanto se restablezcan las cadenas de valor y no se agudice una cuarta ola de contagios del virus con sus nuevas variantes. Se reconoce, hasta ahora, que el efecto inflacionario es escalonado, pero no generalizado, así que la hiperinflación no está a la vista, además que el desempeño de la economía mundial y particular en los países continuará al alza, aunque con menor ritmo.
No faltan las voces –o gritos- de alarma de la derecha política, académica y mediática, que culpan al gobierno federal mexicano del movimiento inflacionario por omisión de estrategias de contención, pero no es así. Por lo pronto, se prevé que los aumentos de precios se contraigan hasta el segundo trimestre del año próximo. Veremos.
