Cada vez hay más elementos que relacionan el financiamiento del portal Latinus con un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de recursos públicos, según las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con una investigación del periodista Álvaro Delgado en SinEmbargo, las investigaciones dan cuenta de una trama en la que participan Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno del ex candidato priísta a la Presidencia, Roberto Madrazo Pintado, así como el exgobernador perredista Silvano Aureoles y otros funcionarios del Gobierno de Michoacán.
La FGR, a través de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó un esquema de triangulación de recursos del erario michoacano a varias empresas del “clan Madrazo”, que a su vez, transfirieron a dos compañías relacionadas legalmente con Latinus.
Los investigadores explican que este esquema permite acreditar los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y peculado.
A finales de marzo de 2021, SinEmbargo dio a conocer que la familia Madrazo es propietaria de Latinus mediante las empresas BCG Limited Consulting SA de CV y Digital Beacon Programatic Services SA de CV, y que otras de sus empresas recibieron millonarios contratos del Gobierno de Aureoles en Michoacán.
“Un año después, las investigaciones realizadas por las autoridades acreditan los vínculos entre empresas y oficinas gubernamentales, de acuerdo con documentos obtenidos recientemente por este medio”, menciona ahora el portal informativo.
Latinus, el medio en donde sus protagonistas son Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo”, se habría alimentado de dinero público del Gobierno de Michoacán.
También se le relaciona, aunque en menor cantidad, al Gobierno del Estado de México. El secretario privado de Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, es socio de BCG Limited Consulting SA de CV y comisario de Digital Beacon Programatic Services SA de CV.
Y, pese a que Nickin Gaxiola y Madrazo Rojas no aparecen como accionistas en las actas constitutivas de las empresas, son quienes fondean a Latinus y lo hicieron, según los documentos de la investigación, mediante contratos del Gobierno de Aureoles.
Desde el 7 de enero de 2020, cuando Loret de Mola anunció el lanzamiento de Latinus, comenzaron las transferencias de Nickin Gaxiola, según los documentos oficiales. Ese año fueron más de 20 millones de pesos para el financiamiento inicial del portal mediante sus dos empresas, según se puede constatar además en la información bancaria y financiera que posee la FGR.
De las cuentas de sus empresas, Nickin Gaxiola, cuñado del apoderado legal de Latinus, Madrazo Rojas, envío vía SPEI de 4 millones de pesos a Digital Beacon Programatic Services SA de CV por concepto de “aportación de capital”.
También en 2020, Digimedical SA de CV, también de Nickin Gaxiola, envío un SPEI de 6 millones de pesos a Digital Beacon Programatic Services con el concepto de “Pruebas Reactivas Hemo proyecto Mich”, pero la factura fue por “Servicio de producción y compra de pauta publicitaria en medios”.
Samedic SA de CV, otra empresa ligada al yerno de Madrazo Pintado, hizo otras dos transferencias a BCG Limited Consulting, una de las dos empresas vinculadas legalmente a Latinus: una por 13 millones 164 mil pesos y otra por 6 millones 581 mil pesos.
Los registros oficiales revelan que las empresas de Nickin Gaxiola recibieron del Gobierno de Michoacán contratos millonarios tanto por adjudicación directa como por licitación para proveer equipo y material médico.
Vínculos políticos
Los contratos del Gobierno de Michoacán a las empresas de Madrazo y Nickin ocurrieron cuando el secretario privado de Aureoles, Marco Antonio Estrada, era socio de BCG Limited Consulting SA de CV y comisario de Digital Beacon Programatic Services SA de CV, las dos empresas de Latinus.
Las autoridades federales detectaron que Estrada, quien por años no presentó declaraciones anuales de impuestos, aparece como socio o integrante de varias empresas y recibió un millón 46 mil 176 pesos con 30 centavos de Alejandro Carlos Hughes Acosta, quien fue procesado por lavado de dinero.
También Miguel Alonso Olamendi, secretario particular de Aureoles en la Gubernatura y representante de Ejecutivo estatal en la Ciudad de México quien, aunque no aparece como socio de las empresas de Latinus, se le identifica como “enlace” con Estrada Castilleja y personajes del clan de Roberto Madrazo.
Entre 2015 y 2020 Aureoles compartió viajes con sus secretarios particular y privado a España, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y Japón, junto al empresario y político priísta Fernando Reina Iglesias, quien está en la nómina de Latinus.
También compartieron vuelo con Aureoles el matrimonio mexiquense Laura Barrera Fortoul y Luis Ernesto Maccise Uriel, cercanísimos de Enrique Peña Nieto, y Alejandro Canek Vázquez Góngora, ex coordinador de giras de Madrazo y exsecretario particular de Manlio Fabio Beltrones, amigo de Aureoles.
Las autoridades federales han identificado cómo se movieron los recursos del erario de Michoacán a empresas vinculadas a Madrazo y luego a Latinus, a través de Aureoles, Estrada Castilleja y Alonso Olamendi.
Por ejemplo, la empresa Samedic SA de CV, recibió contratos del Gobierno de Michoacán por 425 millones de pesos entre 2017 y 2019.
Hova Health SA de CV, también del yerno de Madrazo Pintado, recibió contratos del Gobierno de Aureoles. Uno de ellos fue en 2019, por 10 millones de pesos.
Hova Health recibió en 2017 poco más de 32 millones de pesos de la empresa Solid Min Leasing STD SA de CV, que a su vez recibió del Gobierno de Michoacán contratos por 71 millones 478 mil pesos.
La investigación también detectó que el apoderado legal de Solid Mind Leasing es Cristian González Guadarrama, accionista de BCG Limited Consulting SA de CV y socio de Estrada Castilleja, una de las dos empresas legalmente detrás de Latinus.
Carlos Loret de Mola. Foto: Especial.
Cristian González Guadarrama también es socio de Digital Beacon Programatic Services, cuyo otro socio legal es Rodrigo Peña Ugarte, un personaje que no contaba con recursos porque no presentó declaraciones patrimoniales entre 2015 y 2019.
Esto significa que al menos dos de los socios de las empresas de Latinus, Estrada Castilleja y Peña Ugarte, serían testaferros.
Bajo la lupa también está otra empresa que financia a Latinus: Diseño de Salud Integral SA de CV, que antes se llamaba Diseño y Publicidad SA de CV, y que con sus dos razones sociales ha sido contratista del Gobierno de Michoacán.
Cuando era Diseño y Publicidad SA de CV recibió contratos, en 2018, por 134 millones 221 mil pesos, según los registros de Compranet y, como Diseño de Salud Integral SA de CV, recibió en 2020 115 millones de pesos del Gobierno de Michoacán.
De esa última cantidad, pagó a BGC Limited Consulting, en 2020, un total de 9 millones 775 mil por concepto de “servicios de producción y pauta publicitaria en medios”.
Y también pagó a Digital Beacon Programatic Services, otra empresa de Latinus, 46 millones 714 mil pesos por “servicios de producción y compra de pauta publicitaria en medios”.
Fuente Polemón
