García Luna y el ascenso del Cártel de Sinaloa
En el sexenio de Calderón, el Cártel de Sinaloa expandió sus negocios criminales a más de 50 países de los cinco continentes y lavó miles de millones de pesos en los circuitos financieros de México y Estados Unidos (incluso en grandes bancos como Citibank y HSBC) en total impunidad, gracias –entre otras cosas– a la cobertura que le brindó el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Quien fuera el brazo derecho del calderonismo en la supuesta “guerra” contra el narcotráfico espera su juicio en una cárcel de Nueva York donde se le acusa de traficar drogas ilícitas a Estados Unidos y cooperar con la delincuencia organizada. Actualmente, el también llamado Cártel del Pacífico sigue siendo uno de los nueve grupos más importantes del país y mantiene una lucha encarnizada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Cártel de Sinaloa vivió uno de sus mejores momentos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Bajo el cobijo de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, el grupo criminal que por años comandó Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, expandió sus negocios criminales a más de 50 países de los cinco continentes –entre ellos Italia, Australia, Argentina, Perú, Japón, China–, de acuerdo con informes de las autoridades estadunidenses y de la Unión Europea.
Además, lavó miles de millones de pesos en los circuitos financieros de México y Estados Unidos (incluso en grandes bancos como Citibank y HSBC) en total impunidad. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los cárteles del narcotráfico mexicanos lavan entre 29 mil millones y 39 mil millones de dólares anuales.
Al éxito de la organización criminal contribuyó García Luna, quien fuera el brazo derecho del calderonismo en la supuesta “guerra” contra el narcotráfico –con información privilegiada de los aparatos de inteligencia del país y del extranjero y con tecnología, como la Plataforma México–. Ahora el exsecretario de Seguridad espera su juicio en una cárcel de Estados Unidos, donde se le acusa de traficar drogas ilícitas y cooperar con la delincuencia organizada.
De acuerdo con el análisis Mexico: organized crime and drug trafficking organizations (México: organizaciones del crimen organizado y el narcotráfico) –publicado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense el pasado 7 de junio– recuerda que en diciembre de 2019, las autoridades estadunidenses arrestaron a García Luna en Texas por una acusación formal de recibir sobornos multimillonarios del Cártel de Sinaloa mientras ocupaba altos cargos policiales.
En el gobierno de Ernesto Zedillo, García Luna estuvo adscrito al Centro de Investigación y Seguridad Nacional; luego dirigió la Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005 (bajo la Presidencia del panista Vicente Fox). Más tarde, en el gobierno del panista Felipe Calderón, García Luna se convirtió en secretario de Seguridad Pública. Desde esos cargos, estuvo al servicio del Cártel de Sinaloa. Al término del gobierno calderonista, García Luna se mudó al vecino país del norte donde buscó convertirse en ciudadano estadunidense naturalizado.
Cártel de Sinaloa
El Cártel de Sinaloa es considerado una de las nueve grandes organizaciones criminales del narcotráfico. El análisis Mexico: organized crime and drug trafficking organizations indica que los grupos tradicionales son: Sinaloa, Los Zetas, Tijuana (Arellano Félix), Juárez (Carrillo Fuentes), Los Beltrán Leyva, Golfo y La Familia Michoacana. Y a éstos se suma el Cártel Jalisco Nueva Generación
Respecto del Cártel de Sinaloa, apunta que se le considera la organización criminal más duradera de México, y que comprende una red de organizaciones más pequeñas. “El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cada uno de los principales líderes de Sinaloa como capos a principios de la década de 2000. En la parte superior de la jerarquía estaba el Chapo Guzmán, listado en 2001; Ismael el Mayo Zambada García, fichado en 2002; y Juan José el Azul Esparragoza Moreno, listado en 2003”.
Además, se le señala como el grupo de narcotraficantes más poderoso del hemisferio occidental: “según algunas estimaciones, Sinaloa había crecido hasta controlar entre el 40 y el 60 por ciento del tráfico de drogas de México en 2012 [último año del gobierno de Calderón] y tenía ganancias anuales estimadas en hasta 3 mil millones de dólares”.
Para 2020, la DEA estimó que el Cártel de Sinaloa estaba activo en 15 de los 32 estados de la República Mexicana, y seguía siendo la organización criminal mexicana con la mayor presencia internacional, gracias a que sus líderes corrompieron con éxito a funcionarios públicos desde el nivel local hasta el nacional dentro de México. Asimismo, señala que las operaciones del Cártel abarcan más de 50 países.
Respecto de la corrupción, el análisis refiere que no sólo corrompió altos funcionarios de México, sino también de América Central y Colombia, pues ese es el modus operandi del Cártel de Sinaloa, que inicialmente no estaba inclinado hacia la violencia sino que prefería la vía del soborno para evadir la represión estatal.
El informe indica que desde el encarcelamiento más reciente y posterior extradición del Chapo Guzmán, el Cártel de Sinaloa se habría dividido en cuatro facciones claves: una dirigida por el Mayo; otra, por el hermano del Chapo, Aurelio el Guano Guzmán Loera; una tercera por un cofundador del Cártel de Guadalajara; y un cuarto por los cuatro hijos del Chapo, conocidos colectivamente como Los Chapitos. Como se recordará, en enero de 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto extraditó a Joaquín Guzmán a Estados Unidos, quien en febrero de 2019 fue condenado por 26 cargos relacionados con drogas, incluida la conspiración para asesinar.
Antes de la extradición del Chapo, el grupo criminal era el principal traficante de cocaína sudamericana, metanfetamina, marihuana, fentanilo y heroína a Estados Unidos. En 2020, la DEA estimó que el Cártel de Sinaloa poseía la mayor capacidad para fabricar fentanilo en laboratorios ocultos. Ese negocio de las metanfetaminas y el fentanilo es el que se disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
El Cártel de Sinaloa ha aprovechado los circuitos financieros para blanquear los recursos que obtiene de sus negocios criminales. Citigroup –a través de diversas filiales– ha servido en varias ocasiones para lavar el dinero de ese grupo criminal. En 2019, la UIF abrió una investigación sobre una red internacional de tráfico de fentanilo ligada al también llamado Cártel del Pacífico y descubrió que las operaciones financieras que tenían origen o destino en Culiacán (Sinaloa), Tijuana (Baja California), Taiwán (China), Hong Kong y Estados Unidos se vinculaban a estas operaciones criminales.
De acuerdo con el seguimiento financiero, el cártel realizó operaciones de blanqueo de capitales a través de siete bancos: Citibank (la matriz estadunidense), Banamex Citibank y Citibank Taiwan Limited, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwan Limited, China Merchants Bank Hong Kong Branch.
Las indagatorias arrojaron evidencias en torno a 26 transferencias internacionales en moneda nacional (por 4 millones 120 mil 567 pesos) y 30 en moneda extranjera (por 99 mil 17 dólares), realizadas por 11 personas físicas y morales vinculadas al Cártel de Sinaloa, y cuyas actividades siguen siendo monitoreadas por las autoridades federales.
La UIF identificó también que en el epicentro de este entramado criminal –que involucra a 10 personas y seis empresas– está una sociedad dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos, domiciliada tanto en Culiacán como en Tijuana.
En ambas ciudades inicia la cadena financiera que conecta toda la ruta del fentanilo que el Cártel trasiega a Estados Unidos: de acuerdo con la UIF, siete de las 10 personas identificadas depositan dólares en efectivo en las cuentas abiertas por esa farmacéutica en sucursales de Citibanamex. Luego este dinero se dispersa en tres vías: 1) se retira en efectivo vía cheques, 2) se transfiere a cuentas de las otras cinco empresas, y 3) se traslada a las cuentas en el extranjero.
Respecto de las operaciones internacionales, la Unidad de Inteligencia Financiera documentó que la empresa epicentro transfirió 4 millones 120 mil 567 pesos a las cuentas bancarias radicadas en Taiwán, entre 2013 y 2019. De dicha farmacéutica, el expediente de investigación apunta que “de 2018 a 2019, envió transferencias internacionales por 1.1 millones de pesos, principalmente a Hong Kong, China y Taiwán, siendo diversas personas físicas los beneficiarios de recursos. Y que de 2016 a 2019, recibió cheques interbancarios por 5 millones de pesos, y emitió cheques por 31.2 millones de pesos”.
Otro ejemplo de este actuar presuntamente delincuencial es el reporte que emitió el Departamento de Justicia del país vecino el 22 de mayo de 2017, en el que anunció que Banamex USA, una institución financiera con sede en Los Ángeles (California) y subsidiaria de Citigroup Inc., acordó pagar 97.44 millones de dólares a cambio de celebrar un acuerdo de no enjuiciamiento y con ello resolver una investigación sobre violaciones a la Ley de Secreto Bancario y a las normas antilavado.
En su acuerdo con el Departamento de Justicia, la subsidiaria admitió haber cometido infracciones penales al incumplir deliberadamente un programa eficaz contra el lavado de dinero con políticas, procedimientos y controles apropiados para protegerse contra ese delito. Asimismo, reconoció que omitió deliberadamente presentar informes de actividades sospechosas ante las autoridades competentes. Estas operaciones de blanqueo de capitales se relacionaron con el Cártel de Sinaloa y sus ganancias obtenidas en el vecino país por el tráfico ilegal de drogas.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esos delitos se habrían cometido desde 2007 hasta 2012, periodo en el que Banamex USA procesó más de 30 millones de transacciones de remesas a México con un valor total de más de 8 mil 800 millones de dólares.
Durante el mismo periodo, el sistema de monitoreo de Banamex USA emitió más de 18 mil alertas que involucraron más de 142 millones de dólares en transacciones de remesas potencialmente sospechosas. Sin embargo, realizó menos de 10 investigaciones y presentó sólo nueve informes de actividades sospechosas en relación con estas más de 18 mil alertas, sin presentar ningún reporte sobre transacciones de remesas sospechosas entre 2010 y 2012.