Por Erika González
En las estrategias de la guerra híbrida juegan un papel fundamental 3 factores que se aplican para intentar derrocar a los gobiernos; uno es el uso faccioso de los medios de propaganda disfrazados de medios de comunicación, a los que se satura con mentiras, verdades a medias e información tergiversada, en un intento de desprestigiar al gobierno influyendo sobre las mentes débiles y mal informadas.
Otro es el calentamiento de las calles, utilizando grupos pagados y organizaciones de la delincuencia para crear un ambiente de caos y descontrol entre la población y otro más denominado como Law Fair, que es el uso de las estructuras legales para entorpecer los avances de un gobierno y para intentar destituirlo por medio de argucias legaloides.
En México la oligarquía y sus marionetas han aplicado todas estas en los últimos 4 años para desestabilizar al gobierno de la 4ª transformación sin éxito, porque la consciencia colectiva de la ciudadanía se encuentra desarrollada a un nivel tal, que sabe lo que quiere, pero sobre todo lo que no quiere e identifica ya claramente cuál es la naturaleza del juego de los que están ahí para perjudicar a la mayoría, intentando recuperar sus privilegios elitistas y mezquinos.
Como nada les ha funcionado y la aprobación del gobierno se mantiene en niveles históricamente altos, a pesar de todos sus esfuerzos, la última de las acciones que emprendieron fue intentar dar un golpe de estado por la vía legal desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, liderado por uno de los 11 ministros convertido en mascota de los oligarcas.
Al inicio de este gobierno, el poder ejecutivo envió una iniciativa de reforma constitucional al congreso, que fue aprobada para modificar la carta magna e incluir 16 delitos como delitos graves, en los que es automática la prisión preventiva oficiosa para quienes los cometen; entre ellos se incluyó a la corrupción, los delitos electorales y el robo de combustible, sumándose a los que ya antes se clasificaban así.
De acuerdo con las leyes mexicanas esa es la única forma en la que se puede modificar la constitución y no hay ninguna otra; mandando una iniciativa al congreso, para que sus miembros la discutan y realicen o no el cambio de la carta magna.
Sin embargo, el ministro Aguilar presentó un proyecto, basado en los argumentos de un amparo presentado por miembros del cártel de la Unión de Tepito, para que se cancelara la prisión preventiva automática, intentando que la Suprema Corte modificara la constitución desapareciendo uno de sus artículos, sin siquiera tomar en cuenta al poder legislativo, como si él mismo no conociera el texto completo de la constitución.
De haberse aprobado el proyecto por 8 de los 11 ministros, se habría concretado un auténtico golpe de estado, en el que el poder judicial podría llevar a cabo las funciones del legislativo y por qué no, hasta las del ejecutivo. Ya puestos en ese camino por qué no seguirle. Como lo dijo la ministra Ana Margarita Ríos Farjat: “esto significaría convertir al estado en uno donde el gobierno sería el gobierno de los jueces” y todos quedaríamos a merced de los corruptos, que son la mayoría de los juzgadores.
Así es como a través de un juez, actuando como brazo de la oligarquía criminal y basándose en argumentos presentados por un cártel del crimen organizado, se pretendió desmantelar la estructura legal de la república para usurpar el poder. Por fortuna, la mayoría de los ministros defendieron la separación de poderes, evitándose un auténtico golpe de estado desde el poder judicial, que hubiera tenido consecuencias desastrosas para el estado de derecho y para la seguridad de la sociedad.
Este es el grado de desesperación de la derecha, que valiéndose de uno de sus esbirros, a través de maromas legaloides, intentó arrebatar lo que no han podido lograr por la vía democrática, porque no tienen el apoyo de los ciudadanos.
Como dijo el estadista francés Napoleón I: “Interpretar la ley es corromperla, los abogados las matan”.
