La Comisión de la Verdad no puede obviar la responsabilidad del Ejército en México
Laura Castellanos es reportera independiente mexicana y autora del libro ‘México Armado 1943-19810’.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, creó en octubre pasado la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Su objetivo es eliminar la impunidad en dicho periodo de contrainsurgencia, la cual generó una espiral de casos de desaparición forzada que ha convertido al país en una república de fosas comunes.
El organismo tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024 e integra un programa ambicioso, con cinco mecanismos que pretenden reconstruir la verdad histórica, indagar el paradero de las personas desaparecidas, buscar la reparación integral y la compensación del daño a las víctimas, y abrir la puerta al juicio de los perpetradores de violaciones de lesa humanidad. El problema es que no hay garantías de que tras los trabajos de la Comisión de la Verdad se enjuicie a los responsables en el Ejército.
México fue el país que tuvo más guerrillas en América Latina en la década de 1970 y el precursor de los “vuelos de la muerte” en la región, en los que personas opositoras al régimen fueron arrojadas vivas al mar desde aeronaves militares. El Ejército fue el brazo ejecutor de la política de exterminio del Estado contra las guerrillas y los movimientos sociales radicales, con asesoría del gobierno estadounidense, y cometió masacres, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias y prolongadas, como documenté en mi libro México Armado 1943-1981.
En junio pasado se anunció el arranque de los trabajos de investigación en archivos y en las instalaciones militares donde presuntamente se hayan cometido violaciones. El evento se realizó en el Campo Militar Número 1, el centro de reclusión clandestina y tortura más grande de la época. Ahí el actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, invocó a la ley orgánica castrense para descargar responsabilidades: “Las Fuerzas Armadas han permanecido subordinadas al poder civil (…) El mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea corresponden al presidente de la República”.
También anunció que, con aval presidencial, se inscribirán los nombres de militares fallecidos “con motivo de los hechos del pasado” en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas. En tanto López Obrador, en consonancia, hizo responsables de la represión a los presidentes de la época.
La Asamblea de Colectivos Acompañantes de esta comisión, integrada por una veintena de organizaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas, en un comunicado le demandó al presidente retirar su aval de inscribir los nombres de dichos militares en cualquier sitio público y cualquier otro acto reivindicador, y “el inmediato análisis de las cadenas de mando de aquel periodo y la ubicación en estas de personas vivas, retiradas y en activo”.
La molestia de los colectivos tiene sentido. No solo se trata de la violencia que militares ejercieron con impunidad, en ocasiones en mancuerna con policías de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), sino que esta posibilitó que los mandos se coludieran con narcotraficantes y expandieran sus mercados.
El investigador Alexander Aviña, de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, consultó documentos de espionaje desclasificados que revelan que las mismas aeronaves Arava 201 usadas en los “vuelos de la muerte” por el general Francisco Quirós Hermosillo y el mayor Mario Arturo Acosta Chaparro, trasladaron droga a ese país. El periodista Juan Veledíaz documentó cómo el jefe de la DFS, Miguel Nazar Haro, utilizó su estructura policiaca para aplastar a las guerrillas en Sinaloa mientras vendía protección a capos locales.
Dichos personajes alimentaron un Estado cómplice de redes criminales, responsable de entre 400 y 870 desapariciones forzadas en ese momento, según las organizaciones de familiares de víctimas. Al no ser juzgados dejaron un mensaje perenne: en México no se penalizan las desapariciones. Hay al menos 101,600 personas desaparecidas de marzo de 1964 a la fecha.
Acosta Chaparro fue exonerado por la desaparición de 143 personas víctimas de los “vuelos de la muerte”, pero purgaba una condena por tráfico de drogas. Fue excarcelado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. La periodista Anabel Hernández, en su libro Los señores del narco, asegura que Calderón lo hizo su emisario para negociar con los capos al tiempo que implementó una estrategia de seguridad militarizada. Esta detonó las muertes provocadas por el supuesto combate a la violencia organizada, que hoy ascienden a más de 250,000.
El Estado está obligado a asegurar los fines de la Comisión de la Verdad porque se lo debe a la sociedad. La creación del organismo es resultado de la tozudez de la generación marcada por las matanzas del Ejército de 1968 y 1971, y que tomó las armas para enfrentar un régimen que aplastó cualquier intento de cambio político. También de las familias de las víctimas, quienes han seguido exigiendo justicia.
Sin embargo, esta comisión ha lidiado con la carencia de presupuesto, oficinas y recursos humanos en su primer semestre de operación, de acuerdo con entrevistas a integrantes de la Asamblea de Colectivos. El defensor de derechos humanos Abel Barrera, una de las cinco personas expertas con cargo honorífico en la misma, me dijo en entrevista que este segundo semestre recibirán un presupuesto de 10 millones de pesos (500,000 dólares), que les permitirá tener entre 40 y 47 personas investigadoras.
Hay militares en retiro que han externado su rechazo a la Comisión de la Verdad, pero Barrera dice que en su primer acercamiento observó disponibilidad del personal: “Son generaciones nuevas que estuvieron en otro momento de formación”.
Más allá del tema militar, la Comisión de la Verdad enfrenta otros desafíos. Uno es la ausencia de la Fiscalía General de la República: no hay una explicación oficial de las razones por las cuáles no ha hecho presencia en el proceso de conformación del organismo. Nadie ha garantizado su participación o la de las fiscalías estatales, ni hay fecha de creación de una fiscalía especializada. Además, el Mecanismo de Justicia deberá sumergirse en un mar de denuncias penales empantanadas, entre las cuales estarán las de los militares.
Como México juzga tarde este capítulo trágico, muchos victimarios ya murieron, como el expresidente Luis Echeverría, quien falleció hace unas semanas y se le acusa de ser el principal responsable de la violencia contrainsurgente en esos años. Por ello Armando Rentería, exguerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre y quien que fue víctima de tortura, me dijo que desconfía de “la justicia burguesa”, y que solo la verdad histórica —en la que se hagan públicos los nombres de quienes cometieron crímenes— provocará una sanción social, como sucedió con Echeverría.
Con o sin justicia judicial, las investigaciones de la Comisión de la Verdad y la apertura de los archivos militares llevarán al Ejército a un terreno en el que tendrá que asumir su responsabilidad histórica en el periodo de contrainsurgencia. Coincido con Rentería: los hechos y sus perpetradores deberán hacerse públicos. Esta será una vía de justicia social para las víctimas y de la no repetición del horror vivido en esa época.
