Por Miguel Ángel Ferrer
Para cualquier propósito, existen dos maneras de averiguar qué piensa la gente, la sociedad, el pueblo. Una es preguntarles a todos los ciudadanos, es decir, realizar un censo; otra es seleccionar una muestra representativa del todo social, es decir, un sondeo o muestreo.
Ambos procedimientos conducen, siempre que se hagan con honradez y eficiencia, al mismo resultado. Realizar un censo es costoso y laborioso. El muestreo es muy barato, muy ágil y proporciona resultados inmediatos.
Tanto los resultados de un censo como los de un muestreo pueden ser falseados. Por eso ambos procedimientos deben tener como condición esencial la bienhechura del ejercicio y la honradez de los realizadores.
Pero como la realidad social es muy cambiante, muy dinámica, censos y muestreos deben ser y son realizados con cierta frecuencia. Es costumbre que en razón de su costo y laboriosidad, los censos se realicen cada diez o cinco años. Los muestreos, en cambio, pueden ser realizados con mucha frecuencia: meses, semanas e incluso días.
En cualquier caso, ya nadie duda del carácter científico, cierto y confiable de censos y muestreos. En el caso de estos últimos, puede decirse que han adquirido carta de naturalización social. Y un buen ejemplo de ello puede encontrarse en el sondeo que encargó el Instituto Nacional Electoral (INE) a una empresa especializada para conocer la opinión social sobre la propuesta de reforma electoral enviada por el Presidente López Obrador al Congreso de la Unión.
Y resultó que, en términos generales, y según cada pregunta, entre el 50 y el 75 por ciento de los encuestados mostraron su acuerdo con la propuesta presidencial.
A la vista de esta situación, el INE decidió ocultar (o no hacer públicos) los resultados de la encuesta. Pero por alguna indiscreción o filtración deliberada, los resultados del sondeo se hicieron del conocimiento público.
Así las cosas, es pertinente preguntarse por qué el INE decidió esconder los resultados. Y la respuesta es muy clara: la ciudadanía piensa que el órgano electoral no es confiable, que no actúa con honradez, que es necesario y urgente crear una nueva autoridad electoral honesta, eficiente y mucho menos onerosa, austera y no dispendiosa.
Y no sólo eso: la encuesta escondida mostró que los altos cargos del INE, así como los magistrados del tribunal electoral, deben ser elegidos por el pueblo y no, como ahora acontece, por las cúpulas de los partidos políticos.
