Por Arturo del Bosque – En vísperas de la aprobación de lo que fue la reforma a la constitución para modificar los artículos que tutelan la exclusividad del estado en tratándose de hidrocarburos y materiales radioactivos y que pretendía hacer entrega de esta facultad exclusiva a privados nacionales y extranjeros.
El senado de la republica organizó y convocó a especialistas a una discusión amplia del tema, en una de las brillantes ponencias expuestas, la voz de un constitucionalista de corte nacionalista nos ubico en un tema del cual la mayoría de la sociedad somos legos, al afirmar que “el articulado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es, ante todo, el reflejo de grandes decisiones políticas”, mejor definición de la letra y el espíritu de la constitución es difícil encontrar.
Valga esta reflexión para ubicarnos en la realidad actual, tenemos ante nuestros ojos la posibilidad de plasmar en la letra y el espíritu de nuestra constitución, el deseo o el anhelo de que en la industria eléctrica, el estado recupere para sí y para la CFE , la exclusividad en el control, la planeación y la transición energética de este instrumento del estado para, como afirma el presidente López Obrador, convertirlo en palanca de desarrollo junto con la otra gran empresa mexicana que es PEMEX, el retorno de las empresas insignias el estado a su carácter , precisamente de organismos estatales y no empresas productivas del estado como mañosamente se les denominó y calzó una camisa de fuerza que los obligaba a tener un comportamiento basado en la lógica empresarial y en la necesidad de obtener lucro o ganancia para el estado y particulares, en detrimento de la función primigenia de esta empresa, la CFE, estamos hablando del servicio público.
En una narrativa llena de nacionalismo, el constitucionalista en cuestión afirmaba que, motivo de estas grandes decisiones políticas, se habían redactado en el texto constitucional, los portentosos artículos que como ejemplo, en materia de educación garantizan su obligatoriedad, laicismo y gratuidad, en el artículo tercero,
En el Artículo 27 se plasmó lo siguiente:
Corresponde a la Nación el dominio directo de los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.
“Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.”
En el gobierno de Carlos Salinas, se introdujo o se creó una pequeña rendija, una adición a la ley reglamentaria del servicio de energía eléctrica que como vimos después, no fue tan pequeña ya que por la misma se coló la iniciativa privada y al día de hoy producen el 69 por ciento de la energía eléctrica en el país. Las modificaciones versaron en lo siguiente:
LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA
Articulo 3º.- No se considera servicio público:
I.- La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción.
II.- La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a Comisión Federal de Electricidad.
Sin embargo en el sexenio de Salinas casi no se otorgaron permisos de autoabastecimiento ni generación independiente, prepararon bien la celada, en el sexenio e Zedillo ya se asoman los primeros productores independientes y de auto abasto, sin embargo esta actividad era incipiente, es en los sexenios malhadados del pan en dónde se dispara la participación de privados alcanzando casi el 40 por ciento de la producción total de energía eléctrica en el país, esta tendencia continua en el sexenio de Enrique Peña Nieto y con la reforma energética se modifica el estatus de la CFE y PEMEX pasando de ser organismos del estado a Empresa Productiva del Estado.
Esta modificación obligaba, como ya dijimos a obtener ganancia o utilidad para el estado, así mismo a observar agendas netamente empresariales como la libre competencia, la sujeción de sus decisiones a la de los órganos supuestamente independientes como La CRE, la CNH y la COFECE, institutos creados con un alto costo presupuestal para el estado y con una misión y objetivos únicos, favorecer a las empresas privadas en detrimento de las llamadas empresas productivas del estado.
Esta actuación facciosa de seguir y no haberse presentado el resultado del primero de julio el 2018, hubiese significado la casi extinción de la CFE y la dependencia de los productores privados en generación de energía con la merma significativa en la necesaria soberanía energética que a mas de ser un asunto de seguridad nacional, impediría el que de nuevo la CFE se convierta en palanca del desarrollo nacional.
Así mismo y con un fraude descarado a la ley, los productores privados llamados de auto abasto han generado un mercado paralelo totalmente inconstitucional ya que la distribución y comercialización como suministro básico, es una facultad exclusiva de la CFE, actualmente hay sociedades ficticias en las que por menos de un dólar se crea una figura de sociedades de auto abasto y se han adueñado del mercado mayorista de electricidad, esta actividad ilegal ha privado a la CFE de seguir implementando un esquema progresivo en el cual se basó por años la posibilidad de mantener precios bajos para la mayoría de la población que, por su condición económica y por la desigualdad que por años se ha sufrido en nuestro país, no estarían en condiciones de pagar tarifas comerciales, los grandes consumidores o con capacidad de pago pagaban cuotas elevadas por el servicio de electricidad, esto generaba una rentabilidad o utilidad para la CFE la cual era destinada a subsidiar a los grandes sectores de la población a la que nos referimos.
Este esquema se ha vuelto insostenible con la migración de los grandes consumidores al simulado esquema del auto abasto, además no pagan transmisión, respaldo ni porteo y se les otorga una tarifa llamada estampilla según la cual el costo de transmisión no varia independientemente de que varié la distancia a que es transmita la energía producida por estos generadores de supuesto auto abasto.
Así mismo la planeación ha quedado fuera del alcance de la CFE y ha generado situaciones caóticas ya que los productores independientes de energía se colocan en zonas de alta rentabilidad, o zonas en donde les es muy barata la generación de energía y la CFE debe ajustar sus líneas de transmisión para adecuarse a estas instalaciones que con criterios meramente comerciales han generado alertas casi permanentes por sobresaturación y desbalances debido a la alta concentración en diversas zonas del país y a la imposibilidad real de la CFE de regular el crecimiento y la planeación de estos productores que actúan con criterios empresariales y sin ningún interés por ofertar un servicio publico, es decir, el lucro antes que lo social.
Como dijimos en un principio, el articulado de la constitución es el reflejo de granes decisiones políticas, así que, la propuesta de reforma en el sector eléctrico enviada por el titular del ejecutivo la cámara de diputados habrá de vestirse con el ropaje y seguirá la ruta que el soberano, es decir, el pueblo de México señaló el pasado primero de julio de 2018, recuperar para la nación la vocación de servicio público de la CFE, su ordenamiento y adecuada planeación acorde a los grandes objetivos nacionales, la decisión ya eta tomada, en el 2018 decidimos acompañar a nuestro presidente en este proceso de transformación, sin exclusiones ni extremismos pero firmes en la determinación de seguir, seguir nuestros propios caminos.
