Por Rafael Palacios
El debate sobre la reforma judicial se ha desdoblado, pero al mismo tiempo y lamentablemente se vuelve a caer en la distorsión de la narrativa opositora que incurre de nueva cuenta a la calumnia replicando las mismas líneas discursivas en el marco de una campaña de odio y de miedo que a pesar de haber probado que no resultó, insisten en la fallida estrategia.
Se ha puesto en el debate el insulto y la aseveración que se pretende acabar con el poder judicial y que se va a instalar una dictadura y otras voces refieren que se quiere apropiar del poder judicial y en consecuencia acabar con su independencia pasando discursos e imágenes de Venezuela, también se dice que la pretensión es entregarle los jueces al crimen organizado en la misma lógica de aquella estrategia de la reciente campaña electoral por la presidencia en la presente anualidad.
Lo que es una realidad inocultable, es que en el poder judicial hay vicios que se han arraigado y se han reconocido por integrantes de esa misma institución, hay corrupción, hay nepotismo y amiguismo que afecta a quienes han hecho carrera judicial, hay un exceso en el gasto un dispendio desmesurado y se niega a adoptar como los otros poderes una política de austeridad, hay acoso sexual y laboral, hay jueces y magistrados que se han enriquecido por la corrupción, hay ministros que protegen los grandes intereses económicos de la elite que se ha enriquecido al amparo del poder político, estas son realidades públicamente conocidas e internamente reconocidas.
Después de todo lo descrito de lastres que hoy tiene el poder judicial, le cuesta trabajo a quienes salen a defender a la institución reconocer esto hacia afuera, en el debate público, pero al interior los trabajadores de ese poder se quejan de ello y reclaman que se haga justicia pero son promovidos y enviados desde las cúspides planeando el falso debate argumentando que habrá dictadura y se suprimirá la independencia del poder judicial, cuando en realidad a muchos lo que realmente les preocupa es que sean despojados del privilegio económico que es una desmesura frente a la realidad que viven la gran mayoría de mexicanos.
Ahora bien, no es soslayable que desde el poder judicial se hace política de resistencia a las transformaciones que están llevándose a cabo en México, hay jueces y magistrados que obedecen lineamientos para emitir sentencias que tienen trasfondo político porque desde ahí se acuarteló la oposición para minar al ejecutivo fuera del contrapeso constitucional el cual se entendería como una práctica ordinaria en su labor jurisdiccional; pintan la reforma como un acto de venganza del presidente saliente y un intento de apropiarse del poder judicial e incluso destruirlo, así de diminuto el argumento inundando de falacia en retorica política y carente de sustento que acredite sus descalificaciones.
Es de destacar que lo más fácil es que la presidenta entrante designe gradualmente a los ministros que van a sustituir a quienes van concluyendo su mandato en la Corte, y así poner a modo al supremo tribunal acorde al procedimiento constitucional vigente, pero se está optando porque se vaya a elección popular la designación de los integrantes de la Suprema Corte despojándose de ese derecho como un acto de vocación democrática, pero esto no es valorado ni reconocido porque lo importante para la oposición política, legislativa y la incrustada dentro del poder judicial es la descalificación y el insulto más allá del debate serio y propositivo para llevar a México a la vanguardia jurídica e institucional que atienda y se adapte a las nuevas realidades.
