Aumenta el nerviosismo de Felipe Calderón por su probable responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El expediente en su contra en la Corte Penal Internacional –que juzga a personas y no a Estados– enuncia los más de 60 mil civiles ejecutados –de los cuales más de 1 mil 300 eran niños y más de 1 mil eran migrantes– que dejó su gobierno hasta 2011; 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados forzosamente por la violencia, centenas de heridos, torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos” –inocentes asesinados por militares y policías federales presentados como delincuentes–. Además de él, en la denuncia figuran quienes fueron sus secretarios de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Mariano Saynez Mendoza, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna
Felipe Calderón Hinojosa encabeza la lista de exfuncionarios federales enunciados como presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y de agresión en una denuncia ciudadana –firmada por más de 25 mil personas– presentada ante la Corte Penal Internacional hace 11 años. Se trata del asunto penal que más nerviosismo causa al expresidente de México, pues la CPI juzga a personas y no a Estados. Y él declaró, el 6 de diciembre de 2006, la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, política pública que enlutó a México.
Luego de presentada esa demanda el 25 de noviembre de 2011, el gobierno federal la desestimó al argumentar que sería inmediatamente desechada por la Corte. No fue así. Y en 2012 se convirtió en una prioridad para el entonces mando supremo de las Fuerzas Armadas. En ese último año del gobierno de Calderón se supo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional le había entregado un resumen ejecutivo a la Presidencia de la República, en el cual se documentan crímenes que sí podrían constituir delitos internacionales.
Desde entonces, el asunto fue considerado de primer orden por la Presidencia de la República –aún a cargo del político panista–, y se atendía directamente en La Haya, Países Bajos, por parte de representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y abogados de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
En primera instancia, la denuncia penal internacional señala la responsabilidad de Felipe Calderón como promotor y ejecutor de la política pública de seguridad y respecto de las consecuencias de la “guerra” contra el narcotráfico: más de 60 mil civiles ejecutados (de los cuales –hasta 2011 que se presentó la denuncia– más de 1 mil 300 eran niños y más de 1 mil eran migrantes), 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados forzosamente por la violencia, centenas de heridos, decenas de torturados en cuarteles militares y de “falsos positivos” (inocentes asesinados por militares y policías federales presentados como delincuentes).
Además del expresidente de México, esa denuncia involucraba a sus secretarios de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Mariano Saynez Mendoza, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna –actualmente preso en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa; y también se denunciaba a los cabecillas del narcotráfico mexicano, en especial a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del Cártel de Sinaloa.
En el caso de los narcotraficantes, la solicitud de investigación señalaba su responsabilidad en la violencia, así como el uso de menores de edad en el conflicto armado, considerado en el derecho penal internacional como un crimen de guerra. Se trata concretamente de los niños sicarios.
El 31 de octubre de 2022, luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que la denuncia en la Corte Penal Internacional avanza en contra de Felipe Calderón, este último señaló de inmediato en su cuenta de Twitter que no es así.
Sin duda, la posición de Calderón actualmente ante una investigación internacional es muy débil: no cuenta con aliados en el Poder Ejecutivo y su defensa depende de sus propios recursos económicos y no de los recursos públicos. Al estar fuera del poder político, no tiene mecanismos de chantaje ni de presión, de los que se valió durante el último año de su gobierno.
Crímenes de lesa humanidad
Desde 1998, la Corte Penal Internacional conoce y juzga crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión, consideradas las violaciones más graves a los derechos humanos y de trascendencia internacional.
El nerviosismo de Calderón se explica porque en los procesos penales ante la Corte Penal Internacional no se señalan responsabilidades de los Estados, sino que juzga las responsabilidades de los individuos. Por ello, la denuncia contra Calderón no se presentó contra el Estado mexicano, sino en contra de quienes ordenaron la “guerra” contra el narcotráfico, empezando por el ahora expresidente.
Tan sólo el hecho de que la CPI iniciara un análisis preliminar sobre esta denuncia, ésta implica en sí misma una dura declaración de la Fiscalía, pues a su sí se habrían cometiendo crímenes de guerra, y de lesa humanidad y genocidio, perseguibles por ese tribunal. En el caso de quienes fueron funcionarios del gobierno mexicano: tortura, desaparición forzada, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales; y del lado de los narcotraficantes, violencia desmedida, uso de armas prohibidas por el derecho internacional y reclutamiento de niños como sicarios.
Para 2012, hasta organismos internacionales señalaban la crisis humanitaria de México. Por ejemplo, el Consejo Noruego para Refugiados, a través de su Centro de Monitoreo para Desplazados Internos, señalaba que había un conflicto armado interno en el país; y el barómetro de Conflictos de la Universidad de Heilderberg, Alemania, indicaba que México era la nación más violenta del continente americano.
Otro de los puntos que genera preocupación en el expresidente es que su responsabilidad acerca de las ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales en el contexto de la violencia y desapariciones forzadas de personas no ha sido juzgada en México. Y la Corte Penal Internacional actúa ante la ausencia del Estado en la investigación y castigo a los responsables de graves violaciones a las leyes internacionales.
Y resulta que en México hay delitos que se cometieron en el contexto de la “guerra” de Calderón para los que ni siquiera existían tipos penales adecuados para juzgarse y sancionar a los responsables (como el reclutamiento de niños para convertirlos en sicarios, que ni siquiera se consideraba; la desaparición forzada que no estaba tipificada en la mayoría de los estados). Ello, aunado al hecho de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohibía juzgar a Calderón, por la inmunidad presidencial que impedía que se enjuicie al presidente, incluso cuando termina su mandato. Algo que apenas se reformó en el actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, en el derecho penal internacional está prohibido que un mando dé una orden con plena conciencia de que va a causar bajas civiles y violaciones a los derechos humanos. Algo que Calderón hizo el 6 de diciembre de 2006, cuando en su calidad de mando supremo de las Fuerzas Armadas ordenó al Ejército Mexicano y a la Armada de México “combatir” al narcotráfico. El presidente sabía desde entonces el costo social que tendría su principal política pública.
El 1 de septiembre de 2008, ya con un saldo de unos 15 mil civiles asesinados, Calderón Hinojosa reiteraba su convicción de continuar la “guerra” contra las drogas. “Es una batalla difícil, sí; es una batalla que tomará tiempo, que costará recursos y, por desgracia, vidas humanas, pero puedes estar seguro que es una batalla que vamos a ganar con el apoyo del pueblo de México”, dijo al presentar su Segundo informe de gobierno.
Los soldados y marinos actuaban fuera del ámbito de la Constitución Mexicana y carecían de protocolos para el uso de la fuerza ante civiles. Esta ausencia de marcos legales derivó, por ejemplo, en el asesinato de los hermanos Martín y Bryan Almanza Salazar, de nueve y cinco años de edad, respectivamente. Los niños viajaban en una camioneta junto con sus padres y otra familia. Iban de viaje a la playa, pero después de pasar un retén militar (en la carretera Ribereña, Tamaulipas), los soldados les dispararon y les arrojaron granadas de fragmentación. Por este hecho, otros dos adultos resultaron heridos.
Fue hasta finales de abril de 2012 cuando se emitió el Protocolo de Uso Legítimo de la Fuerza, que norma las actividades de los elementos del Ejército, la Armada y la Procuraduría General de la República, a más de cinco años de “guerra”. Entre otras cosas, ese protocolo prohíbe disparar a automóviles en los retenes militares.
Pero Calderón siempre justificó su guerra: “ante este desafío, era fundamental tomar la decisión misma de combatir al crimen con toda determinación y pese a la adversidad. Y de no haberlo hecho, los criminales habrían avanzado inexorablemente sobre la sociedad y las instituciones. Habrían avanzado hasta apoderarse de ellas como, por desgracia, ha llegado a ocurrir en algunas ciudades y pueblos donde no se les ha combatido. Y contra lo que algunos piensan, la delincuencia no tiene un comportamiento estático, tiene un comportamiento peligrosamente expansivo; es decir, si no se le contiene, crece sin mesura y todo lo corrompe. Por eso digo que quienes afirman que hubiera sido mejor no meterse con los criminales están rotundamente equivocados”. (Fragmento del mensaje del presidente Felipe Calderón, con motivo del quinto año de gobierno, 4 de diciembre de 2011.)
