Por Álvaro Delgado
Los periodistas Beatriz Pagés Rebollar, Raymundo Riva Palacio y Joaquín López Dóriga impulsan en sus respectivos espacios informativos la hipótesis de un magnicidio contra la senadora Xóchitl Gálvez, como el que sufrió en 1994 el priista Luis Donaldo Colosio, y culpan desde ahora al Presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿En qué fundamentan los tres tamaña conjetura? En nada. Sólo en sus propias suposiciones y prejuicios. Su rudimentario razonamiento es que las críticas que López Obrador formula contra Xóchitl Gálvez conducen, casi en automático, a que sea blanco de homicidas.
La sola enunciación del magnicidio, desprovista de toda información y hasta de lógica, es tan irresponsable que parece una invocación. No es seria, pero si ya se ha formulado, que se discuta para que eso no ocurra, ni ahora ni nunca.
Es deber de los políticos, pero también de los periodistas y de los medios que exista una deliberación pública de calidad, cuya base sea la información, los hechos, no los prejuicios ni las mentiras.
Un principio del periodismo es que las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados, y tanto Pagés, directora de la revista Siempre y exdiputada federal del PRI, como Riva Palacio y López Dóriga pueden opinar lo que les dé la gana, pero tienen también el deber, como lo tenemos todos los periodistas, de presentar pruebas o indicios de lo que se afirma.
Hace años, antes de las elecciones de 2018, López Dóriga había advertido que se tramaba un atentado contra López Obrador, pero jamás presentó datos, en una hipótesis que ahora reproducen también Riva Palacio, exdirector de la agencia Notimex en el Gobierno de Carlos Salinas y fundador del periódico Eje Central, y Pagés Rebollar, partícipe de las iniciativas de Claudio X. González.
Esta patraña, inspirada sólo en la rabia de quienes perdieron privilegios económicos, la nutre también el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, quien advierte que la vida de la empresaria y servidora pública Xóchitl Gálvez está en peligro, en una argumentación más propagandística que de responsabilidad política.
“Yo he hablado con ella y le he sugerido ya no sólo protegerla legalmente, que lo vamos a hacer y la vamos a acompañar, sino hasta físicamente. ¿Por qué razón? Porque, de verdad, Palacio Nacional genera violencia, provoca, y pude haber un ofrecido o puede haber algún mandado y no puede Xóchitl simplemente andar como le encanta andar”, expuso ante opositores de la talla de Carlos Alazraki y Javier Lozano.
Si Cortés fuera un político serio, atajaría sin vacilar la hipótesis del magnicidio por todas las graves implicaciones que un hecho así tiene para la nación. El solo hecho de exponerlo como posibilidad, tiene un efecto político indeseable.
Toda persona, no sólo las dedicadas a la política, a la empresa, al periodismo o a cualquier actividad, tiene derecho a nadie, ni del crimen ni del Estado, atente contra su integridad física, emocional y patrimonial.
En esa exigencia a las instituciones del Estado no debe haber vacilación ni discrepancia entre distintos, incluido el esclarecimiento de las agresiones que ya han sido cometidas y que no deben quedar en la impunidad, que las reproduce.
En el caso del Gobierno federal, incluyendo el Presidente de la República, es su responsabilidad garantizar las condiciones de seguridad de todas las personas en el país, independientemente de si son mexicanos. Él mismo ha admitido que no acreditará su Gobierno si no serena al país y, claro, si no lo hace pagará el costo, incluido el electoral, pero hacerlo responsable desde ahora hasta del hipotético asesinato de una persona es aberrante.
Podrá no gustar el estilo personal de López Obrador como dirigente ni como gobernante, pero nadie ha podido acreditar hasta ahora, ya no una orden para cometer un asesinato o un acto de represión, sino una agresión física y/o censura.
Y si de asesinatos políticos se trata, incluyendo magnicidios, esos han ocurrido en lo que hoy es el PRIAN. Nadie quiere que México vuelva a vivir el asesinato de un candidato presidencial, como el de Colosio, ni el del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, pero hasta en ese mismo partido se afirma que fueron crímenes de Estado, tramados por priistas.
Nadie quiere tampoco que sea asesinado un dirigente del PAN, como el secretario general de este partido en Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda, pero sus homicidas materiales e intelectuales fueron los también panistas Aldy Manuel González y Benito Manrique Contreras.
Por cierto, qué feo mandaron callar a Vicente Fox. Y obedeció la orden. Porque no enmudeció por el reconocimiento de un error ni por un repentino pudor personal, lo que jamás ha hecho, sino por disposición de sus jefes, los mismos que lo impusieron a él y quieren imponer a Xóchitl Gálvez. ¡No te calles, chachalaca!
