Por Luis Piña
Si entendemos la política desde la perspectiva occidental y capitalista, esta se reduce a la disputa por el control del poder económico, social y coercitivo, dejando en segundo plano el bienestar social y la reducción de desigualdades. La lucha no se centra en mejorar la vida del pueblo, sino en fortalecer estructuras de privilegio que benefician a unos pocos.
Durante décadas, esta visión imperó en México. La administración pública no se concebía como un espacio para el servicio, sino como un negocio redondo donde los gobernantes se enriquecían a costa del erario, relegando las necesidades del pueblo a un plano secundario. El Estado se convirtió en un mecanismo para la acumulación de riqueza de la élite política y económica, consolidando un sistema profundamente desigual.
Es evidente que cualquier cambio cultural enfrenta resistencias feroces de quienes se benefician del statu quo. La derecha mexicana, históricamente aferrada a sus privilegios, no ha escatimado esfuerzos para mantener intactos sus intereses, recurriendo a la manipulación mediática, la desinformación y la difamación como herramientas para socavar cualquier intento de transformación.
Desde antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la Ciudad de México y, posteriormente, a la Presidencia de la República, la lucha política giraba en torno al control de la narrativa pública. El poder económico determinaba el discurso y protegía a sus beneficiarios: los políticos en turno no podían ser cuestionados y, mucho menos, señalados por corrupción o abuso de poder. Es decir, no podían ser tocados ni con el pétalo de una flor.
Sin embargo, todo cambió con la llegada de AMLO. Su gobierno impulsó una transformación profunda que desestabilizó los cimientos del viejo régimen. Ante la imposibilidad de competir con propuestas, la derecha recurrió a la estrategia más ruin de la propaganda: la mentira sistemática. Su política se basa en la desinformación, en la fabricación de crisis y en la generación de pánico social como un mecanismo para preservar sus intereses.
Repetir una mentira hasta que se convierta en verdad se ha convertido en su estandarte. Apelan a la psicología de la repetición: cuanto más se difunde una falsedad, más se internaliza como realidad. Un ejemplo claro fue el informe de seguridad del gobierno de la Ciudad de México que, con estadísticas verificables y el respaldo de la ciudadanía, mostró avances significativos en la reducción de delitos. A pesar de ello, la derecha insistió en que los datos estaban manipulados, sin presentar pruebas ni argumentos sólidos.
Otro caso evidente fue la narrativa sobre la propiedad privada. Se intentó instalar la idea de que el gobierno de Clara Brugada pretendía expropiar viviendas, un discurso basado en una mentira absoluta, sin sustento alguno, pero con una carga emocional diseñada para generar miedo e indignación. Al más puro estilo de la propaganda nazi, se apeló al temor irracional para deslegitimar un proyecto de gobierno que busca mejorar las condiciones de vida de la población.
Lo mismo ocurrió con los programas sociales. Se les tachó de “populismo”, “compra de votos” y “despilfarro” cuando, en realidad, han sido herramientas fundamentales para reducir la pobreza y la desigualdad. Para la derecha, garantizar derechos es un peligro, pues amenaza su monopolio del poder. Por eso, han utilizado la desinformación para convencer a sectores de la población de que mejorar sus condiciones es, paradójicamente, un daño para ellos.
El problema no es solo la mentira, sino su impunidad y la tibieza con la que el gobierno aborda estos temas. La manipulación mediática ha sido una constante en la historia política del país y, en tiempos de redes sociales, las fake news se han convertido en un arma aún más poderosa. La derecha no necesita demostrar nada, solo sembrar la duda, explotar el miedo y aprovechar la desconfianza.
Es claro que permitir que este juego de la derecha avance es peligroso para toda la sociedad. Sin escrúpulos, los panistas y la derecha utilizan estrategias antidemocráticas como el acoso y la criminalización de la prensa libre (caso Salinas Pliego) o incluso promueven una intervención extranjera con tal de mantener sus propios privilegios.
Es necesario que, en el caso del Gobierno Federal, la presidenta Sheinbaum comience a implementar medidas firmes contra quienes utilizan la ilegalidad para atentar, con mentiras, contra el gobierno. Mientras tanto, en el caso del gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada debería controlar la narrativa y no esperar cuatro o cinco días para responder a las mentiras, cuando estas ya han causado estragos.
