Por aumentar precio de la luz ¡Iberdrola a juicio en España! Fiscalía pide 2 años de prisión a directivos y multa por 85 millones de euros
Este lunes 11 de julio el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, perteneciente a la Audiencia Nacional, acordó un juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro directivos por incrementar el precio de la luz, en el que la Fiscalía pide 2 años de prisión para los directivos y, para la compañía eléctrica, una multa de casi 85 millones de euros.
Esta decisión se debe a que la compañía “ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía” con la finalidad de “provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores”, en 2013, lo cual constituye un delito relativo al mercado y a los consumidores.
El juez Moreno detalla que “para conseguir un mayor precio en el mercado eléctrico, aumentaron el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre noviembre y diciembre de 2013, a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad. Esta situación determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir energía”.
Esta política de precios, probablemente constitutiva de delitos, fue adoptada y aprobada por el director de Gestión de la Energía, Angel Chiarri Toscano; el responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, Gregorio Relaño Cobián; el responsable de Gestión de Activos, José Luis Rapún Jiménez; y Javier Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, principales directivos de Iberdrola.
De ser encontrados culpables, se les aplicaría la pena de dos años de prisión para cada uno de ellos y una severa multa a la empresa, por un valor de 85 millones de euros, que representa cuatro veces el beneficio obtenido por la compañía, tal como lo solicitó la Fiscalía.