Por Erika González
Seguridad Alimentaria Mexicana o Segalmex, es el organismo creado al inicio del gobierno del Presidente López Obrador para realizar las funciones que antes hiciera la Conasupo, adquirir los granos y asegurar la alimentación para los más pobres, pero en esta institución algo salió muy mal.
Inicialmente se nombró como director a Ignacio Ovalle, quien fuera director de Conasupo en el gobierno de Salinas de Gortari y la organización se llenó de corruptos que cometieron toda clase de abusos, hasta terminar desviando alrededor de 13 mil millones de pesos.
El asunto es equiparable en los hechos a la estafa maestra, cuando la función de Sedesol era asegurar que los recursos llegaran a los más pobres, pero se terminaron robando por lo menos 7,500 millones de pesos con Rosario Robles a la cabeza de la banda. En este caso los desvíos detectados son de casi del doble.
Este ha sido el escándalo de corrupción destapado durante el gobierno actual, no atribuible a los gobiernos anteriores y justo es por eso que su tratamiento debe ser tomado como un ejemplo de la aplicación de la ley contra los funcionarios corruptos en la 4ª transformación.
Miles de casos como este de desvíos y fraudes cometidos por empleados públicos, sucedieron en los 40 años anteriores de gobiernos neoliberales ladrones, pero jamás nos enteramos, mucho menos se hacía justicia contra los saqueadores.
A pesar de que el asunto podría haberse convertido en un gran escándalo encabezado por la oposición y sus lacayos de los medios convencionales, algunos de los cuales intentaron tomarlo como bandera temporal, fue el gobierno federal quien lo ventiló abiertamente para informar a la ciudadanía con puntualidad y transparencia sobre las trapacerías cometidas por funcionarios que habían sido puestos ahí durante esta administración.
Fue también el gobierno federal quien destituyó a los directivos del organismo y persiguió a los responsables del saqueo, quien presentó las denuncias y obtuvo ya las primeras 22 órdenes de aprehensión en contra de 12 funcionarios corruptos, 4 empresas coludidas y 6 ladrones beneficiados por uno de los delitos cometidos en esa dependencia.
Pero esto apenas está comenzando, falta aclarar mucho del dinero que fue detectado en esos desvíos y seguramente vendrán todavía muchas órdenes de captura que serán otorgadas antes de que termine este sexenio, para que todos los rateros que estuvieron ahí enfrenten la justicia como es debido.
Si intentamos recordar cuantos ladrones del erario fueron perseguidos y encarcelados en el mismo sexenio en el que habían trabajado y cometido sus trapacerías, vamos a llegar a la conclusión de que ninguno cae en esa clasificación. En los gobiernos anteriores no se castigaba la corrupción; si alguno de ellos caía en la cárcel era para satisfacer alguna venganza de quienes gobernaban, no para enfrentar a la justicia.
Cuando el Presidente dice que no hay corrupción, se refiere a la corrupción tolerada al estilo neoliberal, cuando no solamente se permitía, sino que era promovida, alentada e impulsada activamente desde la presidencia de la República ocupada por delincuentes durante 36 años.
Actualmente este es el mejor ejemplo para demostrar que el gobierno de la 4T no es igual a los anteriores. Es tan buen ejemplo que hoy los opositores ni siquiera lo mencionan, porque se está resolviendo de la forma que ellos no podrían ni imaginarse, haciendo cumplir la ley y encerrando a los corruptos. Si esto hubiese sucedido en los sexenios en los que ellos gobernaban, hoy no habría políticos de derecha caminando libres por la calle.
Como dijo el político inglés Lord Halifax: “No se ahorca a un hombre por haber robado caballos, sino para que los caballos no sean robados”.
