Por Miguel Ángel Ferrer
Es muy difícil negar teóricamente la pertinencia de la intervención del Estado en la economía. Pero negarla en el terreno de la práctica es sencillamente imposible. Ciertamente, la sociedad en general no posee los elementos suficientes para comprender y debatir teóricamente el asunto.
Pero ocurre lo contrario en el terreno de la práctica. Todo el mundo comprende la pertinencia y la imperiosa necesidad de que el Estado intervenga en los procesos de producción y distribución de los bienes materiales que dan sustento a la vida.
Esto acontece ahora mismo en el México de hoy. La población del país es testigo privilegiado y beneficiario de las bondades personales y sociales que conlleva el intervencionismo estatal en la economía.
Inversamente la sociedad comprende lo nocivo que resulta la ausencia del Estado en los procesos económicos, ausencia que propicia, como a todos nos consta, una monstruosa concentración de la riqueza social, con sus puñados de magnates coexistiendo con millones de personas que carecen hasta de lo más indispensable.
Y esta situación, vigente en las cuatro últimas décadas, empezó a cambiar a partir de la llegada del obradorismo al gobierno, tiempo en el que se ha reducido ostensiblemente la pobreza y la desigualdad social.
La fórmula para este logro es muy sencilla. Simplemente se han trasladado por la vía fiscal ingentes recursos económicos de los sectores opulentos de la sociedad hacia los segmentos empobrecidos.
Los ejes rectores han sido, esencialmente, la salud y la educación públicas. Y también desde luego una enorme inversión pública en obras de infraestructura, como presas, caminos, obras de riego y vivienda.
Pero todo esto que ya existía y que poco a poco fue abandonado por los gobiernos neoliberales entre 1983 y 2018, fue retomado y potenciado por el obradorismo.
Dicho en otras palabras se trató de un retorno a las políticas económicas keynesianas, con un agregado que no contemplaba el keynesianismo, y que es la renta universal, es decir la asignación directa de recursos monetarios a millones de personas.
El conservadurismo, desde luego, critica y se opone a estas medidas justicieras, sensatas y con una sólida base científica. Pero esto, que es muy importante, languidece frente a la práctica y la experiencia social.
Por la vía de los hechos la sociedad ha comprobado la necesidad y pertinencia de la intervención del Estado en la economía. Y contra la experiencia vivida valen poco o nada los discursos privatizadores en contra de la intervención del Estado en la economía.
