Rafael Marín Marín
La llegada de Donald Trump por segunda vez a la Presidencia de Estados Unidos –como lo dijimos hace uno días en este espacio- debe mantenernos alerta pero no quitarnos el sueño, incluida la inminente llegada de Ronald Johnson, como su Embajador en nuestro país. Finalmente es la decisión de un país soberano como el nuestro, donde los ejecutivos federales de ambos, son responsables directos de las políticas públicas a aplicar en cada nación y de las relaciones bilaterales por venir.
La constitución de Estados Unidos compuesta de solo 7 artículos y 27 enmiendas –reformas/anexos, no podrá ser soslayada por el futuro presidente norteamericano, pero de que buscará aplicar de manera específica a fin de lograr su proyecto de gobierno entre ellos las deportaciones masivas -10 mil para febrero- y aplicar 25 por ciento de aumento a los aranceles a productos mexicanos, es sin duda un hecho.
México por su parte con una constitución de 136 artículos y más de 280 reformas constitucionales con cientos de artículos transitorios, no debe tener obstáculo alguno para lograr convencer al vecino del norte de que sus políticas por instaurar lejos de ser acertadas pueden generar problemas alternos a los existentes sin resolverlos. Me explico; en ambos países existen disposiciones normativas de alto rango en materia de relaciones internacionales, que no pueden ni deben soslayarse, so pena de generar crisis institucionales que a nadie conviene.
Norteamérica nos critica que somos productores de fentanilo, negociamos en lo obscuro con China y permitimos la inmigración ilegal y toleramos la delincuencia organizada. México le ha respondido a Estados Unidos que ellos son los principales exportadores de armas ilegales al país, que les hemos dado trato preferencial en el comercio internacional y que nuestros migrantes y anexos, hacen el trabajo en el norte que sus nacionales no realizan, pero con trato inhumano y racista. Todas pueden ser verdades a medias, dependiendo de la óptica vista.
Pero lo interesante en todo esto es que, la presidenta de México en dos reuniones con las y los gobernadores del país –incluidos las y los ampliamente cuestionados- ha dejado claro a todos que, cada quien debe asumir su responsabilidad constitucional tanto en el ámbito federal, como en el local.
El artículo 40 constitucional establece que somos una república democrática, representativa y federal, compuesta de estados libres y soberanos, incluida la Ciudad de México (art. 44), pudiendo realizar convenios entre ellos mismos de todo tipo, incluidos los de seguridad pública, buen gobierno, justicia y comercio, salvo las prohibiciones que le imponen el articulo 117 entre otros. Pero es importante señalar que como prevenciones generales el artículo 124 constitucional establece que las facultades que no están expresamente concedidas por esta constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados o a la CDMX en los ámbitos de sus respectivas competencias. En otras palabras, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo en menos de dos meses les ha dicho a las y los ejecutivos de los Estados, “que asuman su responsabilidad política por la cual fueron electos”.
Y ello era urgente y necesario porque pareciera que las entidades federativas se habían acostumbrado en los pasados recientes a esperar la ayuda federal o la línea, para actuar en consecuencia, lo que ha quedado claro que no es ni será así jamás.
Los problemas del país son muchos y complejos, además de muy diversos por región, pero si se aplican correctamente los recursos públicos y se evita en los estados se hable de corrupción que los ciudadanos deducen viene del propio gobierno estatal o municipal, estaremos dando un gran paso de credibilidad y confianza con la participación segura de la comunidad. Es a toro pasado que algunos gobernadores o gobernadoras –por su cuestionado actuar- tuvieron que renunciar antes de las últimas elecciones estatales o ser llamados a cuentas ante el cuestionado papel gubernamental que dejaron. Usted señálelos en sus estados.
Las y los gobernadores del país tienen dos importantes herramientas de trabajo que pueden utilizar de manera inmediata en la resolución de problemas, incluidos la inseguridad pública, procuración y administración de justicia, empleo, salud etc; el presupuesto de egresos de sus estados y sus propias normas incluidas la constitución local que les impone un Plan Estatal de Desarrollo. Que no lo quieran utilizar es otra cosa, con el respectivo desprestigio social y resultados catastróficos para sus estados por la inacción, donde el poder legislativo tiene que llamarlos a cuentas.
Si trabajamos conjuntamente conjuntamente como país, saldremos adelante, pero debemos vernos así.
Rafael Marín Marín es Secretario General del Frente Nacional Jurídico en Defensa de la Constitución y el Estado de Derecho.
