Un testamento político: AMLO resume, en 20 puntos, el pensamiento y aspiraciones del lopezobradorismo
Las 20 iniciativas de reformas fueron presentadas en el marco del 107 Aniversario de la Constitución de 1917, e incluyeron modificaciones a la Constitución en materia de pensiones, programas de bienestar, impartición de justicia, órganos electorales, organismos autónomos, entre otras.
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– A sólo meses de terminar su mandato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 20 faltantes de su administración —algunos de los cuales no han prosperado en el Congreso, y otros que han sido revertidos por el Poder Judicial— que propondrá como iniciativas constitucionales, pese a que no cuenta con los votos suficientes para que sean avalados.
Al no contar con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para su aprobación, analistas apuntan a que las 20 iniciativas de reformas –“orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el período neoliberal”, según el Presidente– quedarán como un legado político de López Obrador y a la vez marcarían el posicionamiento ideológico de Morena, en el marco de las elecciones de 2024.
Morena cerró filas en torno a las iniciativas presidenciales: las y los 23 gobernadores morenistas emitieron un comunicado conjunto para expresar su respaldo a López Obrador y hacer un llamado a las y los legisladores de ambas cámaras “para que apoyen en el espacio de sus responsabilidades este proceso de actualización” a la Constitución.
“[El Presidente] tiene dos objetivos: el primero es marcar la directriz a su sucesora, que piensa él que va a ser Claudia Sheinbaum. Es decir, advertirle cuáles son los temas que le duelen ahorita a la Cuarta Transformación y cuáles son las tuercas que necesitan ajustar para consolidarse como partido dominante en México”, apuntó el doctor Sergio Bárcena, cofundador de Buró Parlamentario.
“El otro objetivo de estas iniciativas es (…) que cuando un Presidente ya está saliendo, se empieza a borrar en la memoria colectiva”, sumó. “Con esto está dando, digamos, su último discurso de Estado, de cómo él desea que funcione la estructura del Estado”.
El mismo Presidente dijo durante la presentación de las iniciativas desde el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional que uno de los motivos era “hacer todo lo que esté a nuestro alcance con el propósito de afianzar valores, ideales, y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y social”, ya que en caso que regresaran “los corruptos” habría un camino para que futuras generaciones pudieran retomar las acciones tomadas durante la administración actual.
Sin embargo, Bárcena anotó que es poco probable que la mayoría de las iniciativas sean aprobadas, o que incluso lleguen a ser votadas en el pleno de cada uno de los recintos legislativos antes de marzo del año en curso, y advirtió que si los legisladores de Morena y los aliados PT y PVEM no pueden negociar con la oposición, las iniciativas ni siquiera saldrán de comisiones.
LAS 20 INICIATIVAS
Haciendo referencia a “Los Sentimientos de la Nación”, documento histórico escrito por José María Morelos y Pavón en 1813 durante el proceso de independencia en México, López Obrador explicó los cuatro puntos fundamentales en los cuales se basaron sus reformas: “moderar la indulgencia y opulencia”, “elevar el salario del peón”, “educar al hijo del campesino y del barretero al igual que el hijo del más rico hacendado” y “que existan tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte”.
Se trata de un paquete de reformas que toca diversos aspectos. En el plano electoral se propone, por ejemplo, la eliminación de los diputados y senadores plurinominales —legisladores que llegan al Congreso sin ser votados—, disminuir el porcentaje para que una consulta popular sea vinculante y que los consejeros y magistrados electorales, sean electos por medio del voto popular, una misma medida que propone para jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en otra reforma del ramo.
“No hace falta argumentar mucho sobre cómo, en el periodo neoliberal o neoporfirista –de 1983 a 2018–, toda la vida pública de México estuvo controlada por una minoría ambiciosa y rapaz. México era el país de unos cuantos, y para ellos el pueblo no existía”, criticó López Obrador en el preámbulo a la presentación, realizada además en el 107 Aniversario de la Constitución de 1917.
El Presidente también puso sobre la mesa revertir la reforma de pensiones —tanto la aprobada durante el Gobierno de Ernesto Zedillo de 1997 como la impuesta en 2007 por Felipe Calderón— porque señaló que “afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pues les impiden jubilarse con el 100 por ciento de su salario”. Sólo en esta medida, hasta el momento, la oposición se ha mostrado dispuesta al diálogo.
En ese mismo sentido dio a conocer que buscará “que los trabajadores y sus familiares puedan ser dueños de sus viviendas”, lo que abre la puerta a una iniciativa en tema de vivienda.
Entre los pendientes llevados al Congreso, está prohibir el comercio de vapeadores, una medida que había establecido, pero que fue revertida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma se insiste en la política de austeridad que impide que los funcionarios de la Administración Pública federal ganen más que el Presidente, una medida que los propios ministros, los consejeros electorales, magistrados e integrantes de autónomos han revertido mediante amparos.
REFORMA ELECTORAL Y DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
La iniciativa del Presidente en materia electoral insiste en la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que estará integrado por siete consejeros y consejeras electorales electos popularmente el primer domingo de junio de las elecciones ordinarias del año que corresponda. Lo mismo establece con los magistrados y magistradas electorales que integren la Sala Superior.
“Quien reciba más votos al momento de su elección ocupará su presidencia. Concurrirán, con voz pero sin voto, las personas representantes de los partidos políticos nacionales y una persona titular de la Secretaría Ejecutiva”, señala en el caso de los consejeros.
Con la iniciativa, quedan extinguidos los organismos públicos locales electorales a partir de la instalación del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
Establece además que las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituirse en partido político nacional o local podrán solicitar su registro previo al inicio de la jornada electoral que se realice cada tres años, además abre la puerta a la financiación de campañas con recursos privados y su fiscalización correspondiente. Con respecto a las consultas populares, refiere que se llevarán a cabo el mismo día de las elecciones ordinarias que correspondan, además de bajar la participación a un 30 por ciento para que sea vinculante.
Con respecto a la iniciativa en materia judicial, el documento establece que los Jueces de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), deberán resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente. “En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de dicha demora o, en su caso, dar vista al órgano interno de control tratándose de Tribunales Administrativos”.
Señala además que el Poder Judicial de la Federación (PJF) estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial.
Sostiene también que la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los Magistrados Electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación, “no podrá ser mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente y no será disminuida durante su encargo”.
De igual forma se estipula que las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Magistradas y los Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de Distrito y las Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía el primer domingo de junio en las elecciones ordinarias del año que corresponda.
Al respecto de estos dos temas, Sergio Bárcena de Buró Parlamentario consideró que son los temas que “nunca van a avanzar” –e incluso ya se había intentado realizar una reforma electoral vía leyes secundarias en el 2023–, pero opinó que el motivo por el cual el Presidente nuevamente los compartió fue debido a que quería “dejar el mensaje de que hacia ahí debe ir el sistema político guiado por Morena”.
Igualmente, el Ejecutivo federal incluyó una iniciativa en materia penal que amplía las causales que ameritan la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar por parte de un Juez del Ministerio Público para incluir: extorsión, narcomenudeo, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas, como el fentanilo y sus derivados, así como defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas, que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, GUARDIA NACIONAL Y AUSTERIDAD
Por otro lado, la reforma sobre los organismos autónomos establece la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); los Organismos garantes de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
“Las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que se cree en términos de la legislación aplicable”, establece la Reforma.
Con el paquete de reforma, se insiste en que la Guardia Nacional es una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, que depende de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), “para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”. Establece que así como los militares y marinos, los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por sus propias leyes.
Y con respecto a la continuación de una política de Austeridad Republicana, el Ejecutivo federal propuso que la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los Magistrados Electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación, no podrá ser mayor a la establecida para el Presidente de la República.
A su vez, refiere que la remuneración integral del Presidente de la República incluirá todas las percepciones en efectivo o en especie y no podrá exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización.
De igual forma prohíbe adquirir o contrata con recursos públicos “bienes o servicios innecesarios, así como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, cajas de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados u otros que no estén previstos por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.
PENSIONES, SALARIOS Y PROGRAMAS DEL BIENESTAR
Para “revertir” la reforma de pensiones aprobada en el sexenio de Ernesto Zedillo, la iniciativa propuesta por López Obrador sostiene que las personas trabajadoras con sesenta y cinco años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1° de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que establezca la ley.
Las personas trabajadoras a partir de los sesenta años de edad mantendrán su derecho a una pensión garantizada, en los términos que establece la ley.
Para esos fines, se creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mismo que será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Banco de México y que tendrá por objeto complementar las pensiones.
En materia de salarios, la iniciativa propone que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia.
En el caso de las maestras y los maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, así como médicos y enfermeros, se establece que percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Además, con el paquete se busca elevar a un carácter constitucional programas que se implementaron a lo largo de la actual administración, tales como las pensiones para personas menores de 65 años que tienen una discapacidad permanente y “promover las condiciones del desarrollo rural integral” mediante un apoyo anual directo a pescadores y productores de pequeña escala, así como fertilizante gratuito a estos últimos.
También en apoyo a los campesinos, dicta el documento, “se mantendrán precios de garantía para la compraventa de maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables”.
Otro de los programas que se buscará incluir en la Constitución mediante una iniciativa es el actual “Jóvenes Construyendo el Futuro”, ya que en el texto correspondiente a reformar el Artículo 123 se contempla otorgar un apoyo económico mensual equivalente al menos a un salario mínimo general vigente a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, por un periodo de hasta 12 meses en tiendas, talleres, empresas y demás, “a fin de que se capaciten para el trabajo”.
El hecho de que estos programas, implementados durante la administración actual, sean incluidos en el paquete de reformas corresponde a que López Obrador quiere “ponerle un sello que va a durar mucho tiempo” a sus programas, de tal manera que se ponga “el sello de Morena a la Constitución en temas de vulnerabilidad y atención a grupos vulnerables”, opinó al respecto el especialista Sergio Bárcena.
TRENES DE PASAJEROS Y PROTECCIÓN ANIMAL
La iniciativa con respecto a la red ferroviaria en México considera el transporte de pasajeros –y no sólo de carga– mediante el uso de los ferrocarriles, y retoma “el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros” mediante el otorgamiento de asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.
“Los particulares que cuenten con concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de carga podrán obtener concesiones para prestar el servicio de transporte ferroviario de pasajeros. En cualquier caso, se dará preferencia al servicio de transporte ferroviario de pasajeros, en términos de lo que determine la legislación aplicable”, señala el documento.
El Presidente propuso con respecto a la protección animal cambios al Artículo 3 de la Constitución para que los planes y programas de estudio se hable sobre “la protección de los animales, de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, así como la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y en el aprovechamiento de animales de consumo humano”.
De igual forma prohíbe desde la Carta Magna el maltrato a los animales y estipula que el Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, en los términos que señalen las leyes respectivas.
Se ordena además expedir la ley general en la materia de protección de los animales, de acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, así como para la prevención y prohibición del maltrato en la crianza y en el aprovechamiento de animales de consumo humano, y de medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios.
PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS
Otro de los puntos considerados en el paquete de reformas es el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, al modificar el Artículo 2 de la Constitución para indicar que ellos pueden decidir sus formas internas de Gobierno, convivencia y organización social, económica, política y cultural; “aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos” con respeto a la Constitución, las garantías individuales, los derechos humanos y la integridad de las mujeres.
También se contemplan disposiciones para garantizar su derecho a elegir a sus autoridades y representantes para el ejercicio de su Gobierno interno; promover las lenguas indígenas, preservar el patrimonio cultural material e inmaterial, practicar la medicina tradicional y la partería, acceso a intérpretes y traductoras en juicios y procedimientos ante el Estado mexicano.
La iniciativa también retoma el derecho a “ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar, cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre las medidas legislativas o administrativas que vayan a adoptarse”.
Por otro lado, se contempla garantizar y fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe mediante educación básica, media superior y superior gratuita e integral, formar profesionales indígenas, un sistema de becas para personas indígenas que cursen cualquier nivel educativo, y promover programas bilingües.
En cuanto a las comunidades y pueblos afromexicanos, se le garantizarán los derechos antes mencionados y el derecho a la protección de su identidad cultural, así como ser considerados en la producción de datos, información y estadísticas oficiales, tales como los censos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
SALUD, MEDIO AMBIENTE Y SUSTANCIAS TÓXICAS
Para la atención de la salud se contempla una reforma al Artículo 4 constitucional para añadir que el Gobierno mexicano está obligado a garantizar atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios para garantizar este derecho.
Con respecto a la reforma en materia de medio ambiente, se señala que el maíz, “alimento básico y elemento de identidad nacional” y destinado al consumo humano, debe ser libre de modificaciones genéticas, como las transgénicas.
En esta misma iniciativa se indica que no se otorgarán contratos ni se realizará ningún otro acto administrativo que permita la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos en yacimientos petroleros no convencionales mediante fracking o fracturamiento hidráulico.
En el contenido de la reforma sobre sustancias tóxicas se propone prohibir la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo.
“Queda vedada la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad para la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley, así como para la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”, se lee en esta iniciativa.
